La aprobación de la nueva ley del ISSSTE, da un respiro financiero al gobierno mexicano, pero ojo, esto es en el largo plazo. En el corto, el costo de la transición del sistema de reparto al de cuentas individuales será de alrededor de dos billones de pesos (vamos, no toda es lana que se tenga que conseguir de golpe, pero conforme pase el tiempo habrá que ir desembolsándola). Hay que tener mucho cuidado en cómo conseguir estos recursos, pues aún faltan por reformarse otros esquemas de reparto que no están incluidos en la nueva ley del ISSSTE. Nos referimos al sistema de pensiones de entidades como PEMEX, CFE, del ISSSTE como patrón, de las universidades públicas, de los empleados de los estados y municipios, ¡uff! De acuerdo a los expertos, el déficit actuarial de estos sistemas llega a ser de 150% del PIB. ¡Otra vez uff! No sé si ahora, amigo lector, le quede más claro el por qué los liberales insistimos en que el gobierno debe ser limitado en tamaño (menos burócratas y políticos). Ahí están los costos de tanta estatización. Sólo López y sus aliados sindicales no lo quieren ver. Peores ciegos no puede haber.

Por otro lado, es necesario meterle competencia al nuevo esquema, no sólo al creado por la reforma a la ley del ISSSTE, sino al que prevalece en las administradoras de fondos privados (Afores). La nueva ley del SAR (aprobada por el Senado la semana pasada) lo hace parcialmente. Por un lado, cambia las reglas y da incentivos a que ahora el criterio de cambio de Afore por parte de los trabajadores ya no sea el cobro de comisiones, sino el rendimiento neto. Bien por esta medida. Pero por otro lado, no avanza en liberalizar aún más el marco de libertad para invertir en portafolios de inversión. Sólo se permite invertir en valores privados sujetos a ciertos índices (canasta de acciones) escogidos por el gobierno (vía la Consar). Esto va en contra de la eficiencia señalada en la teoría financiera, pues hace que todos quepan por igual en un portafolio, sin tomar en cuenta preferencias personales, propensión al riesgo, edad, sexo, etc. (one -size fits -all). Y lo peor, la reforma a la ley del SAR ahora establece que sea el gobierno el que decida quién dirigirá a las afores privadas. No, esto viola la más elemental libertad económica. Tal vez se justifique en el Pensionissste (y eso, como indicaba la semana pasada Sergio Sarmiento, no garantiza que no haya sobornos al administrador general), pero es un grave error aplicarlo a los manejadores privados de fondos, pues le mete ruido político a nombramientos que deben ser decisión de los accionistas, lo que está en función de la eficiencia mostrada por el administrador (y por supuesto por su honradez) y no en función de la burocracia legislativa (lo que se presta a chantajes y venganzas políticas). Finalmente, y para cerrar con broche de oro, la nueva ley del SAR le pone precio máximo a las comisiones que cobran los promotores.

No, burocratizar más al sistema no es la solución. La mejor manera de volver a un esquema de pensiones más eficiente es meterle más competencia y permitir de una vez por todas que sea libre la decisión de invertir de las administradoras, en función de los distintos perfiles y preferencias de sus clientes, los trabajadores. Al sistema de pensiones mexicano, bien le vendría permitir la entrada de otros actores financieros como lo son los manejadores de fondos mutuos. Ello, además de permitir una mayor competencia, daría incentivos a bajar los altos costos de mercadeo en que hoy incurren las afores y que repercuten en desventaja de los trabajadores. Hay estudios internacionales que así lo señalan. Si quiere el lector profundizar en el tema le recomiendo que lea el artículo “Towards better regulation of private funds”.

Los fondos de retiro privados (si usted amigo lector no tiene afore, ni ningún otro esquema de retiro, le recomiendo que abra una inversión en un fondo privado de inversión; puede hacerlo ya en México, desde 10 mil pesos y puede invertir en el mercado de valores nacional como en el internacional, infórmese en la CONSAR) han sido muy superiores en rendimientos y costos a los llamados sistemas de reparto. En EU, no hay manejadores al estilo de las afores, pues prevalece el sistema de reparto del seguro social. Sin embargo, ello no impide a los trabajadores el optar por fondos de retiro privados (donde los mutual funds juegan un papel relevante), que les otorgan rendimientos muy superiores a las jubilaciones que les da el gobierno vía el seguro social e incluso a la jubilación que otorgan empresas privadas con programas propios de retiro (patrocinados por el empleador). Le recomiendo al lector que lea How important are private pensions? de Alicia H. Munnell, Annika Sundén y Elizabeth Lidstone, del center for retirement research de la Universidad de Boston, y no se deje engañar por López y sus secuaces, los sindicatos e izquierdistas del siglo XIX.

Se ha dado una primera reforma estructural importante, pero hay que perfeccionarla. Si queremos un sistema de pensiones eficiente, debemos apostar a la competencia del mercado y no al manejo discrecional y controlado del gobierno. La evidencia empírica es contundente. Los sistemas privados de pensiones son superiores en rendimiento y eficiencia a los de reparto gubernamentales, y son mejores en la medida en que tengan más libertad para invertir e interactúen en un marco de competencia intensa, no en la medida en que el gobierno quiera controlar sus decisiones de inversión y/o sus ganancias.