Terminé la primera entrega de esta serie con la siguiente pregunta: ¿con qué derecho, a raíz de la minuciosa revisión que de mi declaración anual de impuestos 2006 hará el gobierno, va a meter el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, sus narices en MIS cuentas, poniendo especial atención en MIS ingresos? La respuesta es muy sencilla: con el derecho que le otorga el Programa de Trabajo de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal o, dicho de manera rápida, con el poder que le da el derecho positivo, es decir, la ley redactada y promulgada por los legisladores. Así de fácil y, desde esta perspectiva, los contribuyentes no merecemos más aclaraciones. El problema es que esta perspectiva, la del derecho positivo, no es la única, mucho menos la más importante. Existe otra, anterior y superior, y es la del derecho natural, la del iusnaturalismo.

Se entiende qué es el derecho positivo: las leyes redactadas y promulgadas por el ser humano, desde la constitución política hasta el reglamento de tránsito. ¿Pero en qué consiste el iusnaturalismo? En los derechos del ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a los estados, sus leyes y sus gobiernos, y cuyo reconocimiento y garantía son la base de la convivencia civilizada, derechos a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Qué relación debe existir entre el derecho natural y el positivo? El segundo debe reconocer y garantizar al primero, siendo ello la esencia del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen y garantizan la vida, la libertad y la propiedad del ser humano, siendo injustas aquellas que no lo hacen, tal y como sucede con buena parte de la legislación tributaria mexicana, sobre todo en lo que respecta a la propiedad de los ingresos y el patrimonio.

¿Podemos afirmar, con un mínimo de realismo, que en México está plenamente reconocida y jurídicamente garantizada la propiedad, si el gobierno te exige, dado el sistema tributario que tenemos, que le digas cuánto ganas y qué tienes? ¿Qué esa exigencia no es la antítesis de la propiedad, que según el Diccionario de la Lengua Española es “el derecho o facultad de disponer de una cosa, con exclusión del ajeno arbitrio...”? Ojo: tenemos al gobierno metido hasta la cocina sabiendo cuánto ganamos y qué tenemos, violando el derecho de propiedad, que comienza por el derecho de no revelarle a nadie, ¡mucho menos al gobierno!, ni nuestros ingresos, ni nuestro patrimonio.

Cito A Javier Marías, quien lo dice mejor que yo: “Nuestros Estados exigen tener un grado de conocimiento de nuestras personas y vidas que es llanamente incompatible con la libertad. Saben cuánto y cómo ganamos y también cuánto y en qué gastamos, de ello nos sustraen un buen diezmo, inadecuada palabra para llegar a veces al cincuenta y seis por ciento; saben dónde vivimos y trabajamos, nuestros teléfonos, nuestras actividades, nuestros gustos; nos filman en muchos sitios y ahora lo harán asimismo en las calles; para cualquier transacción o negocio hemos de obtener su permiso, poner aquellos en su conocimiento; también si se trata de una donación o regalo; incluso saben, más allá de nosotros, si a nuestra muerte dejaremos deudas o pingues herencias, y por su puesto se erigen en principales beneficiarios de las segundas”. Escrito para el caso español, ¿qué tan parecido es al caso mexicano?

El hecho es que, cito de nueva cuenta a Marías, “vivimos en sociedades que, bajo su apariencia de democracias, son sin embargo cada día más autoritarias y totalitarias, más controladoras y restrictivas”, tal y como lo es aquella en la cual el gobernante tiene la fuerza (¿es correcto llamarle derecho?), para obligar al gobernado a declararle cuánto gana, lo cuál sucede cada vez que se grava su ingreso. ¿Cómo es posible que permitamos tal abuso? La respuesta es sencilla: la mayoría de la gente ni siquiera ha caído en la cuenta de lo que está pasando.

¿Cómo evitar el abuso que supone el cobro impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio? Muy sencillo: gravando solamente el consumo.