El muy pobre desempeño de la economía mexicana a lo largo de las últimas décadas, tanto en términos absolutos (medido por ejemplo con el crecimiento promedio anual de PIB por habitante) como en términos relativos (medido como la posición de México en varios índices globales como el de desarrollo humano o los de competitividad) se explica, de entre varios elementos, por uno muy particular: la persistencia de un arreglo institucional que promueve las actitudes de búsqueda de rentas en lugar de uno que promueva la generación de riqueza. La historia económica de México durante los últimos casi 500 años tiene un único hilo conductor: en todo momento y circunstancia nuestro país ha sido uno de rentistas amparados por el poder público y cuyo resultado ha sido no solo una muy notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso, sino una altísima incidencia histórica de pobreza y marginación derivado de muy bajas tasas de crecimiento económico. Ejemplos abundan.

En la época virreinal tenemos las encomiendas de indígenas, los privilegios de explotación minera, las alcabalas, la prohibición de emprender operaciones de comercio internacional excepto con España y las restricciones para establecer en las colonias de América una industria manufacturera que pudiese competir directamente con las importaciones provenientes de España. Destaca también en esta época el privilegio otorgado al clero y la construcción de miles de iglesias en todo el territorio nacional, un verdadero desperdicio de recursos escasos que podrían haber sido utilizados para generar capital físico y humano reproducible que se hubiese traducido en un nivel creciente de riqueza y de ingreso en lugar de “riqueza espiritual”. Ya en el siglo XIX, después de más de 50 años desperdiciados en luchas intestinas y golpes de estado, durante el porfiriato se otorgaron privilegios a gobernadores como fueron Terrazas y Creel en Chihuahua, o a los hacendados que se apropiaron de tierras con el deslinde, o concesiones de explotación minera, ferroviaria, de bancos y más, todo ello reflejándose en una acumulación de riqueza por parte de unos cuantos a costa del sacrificio del bienestar de la mayor parte la población.

El rentismo se acentuó sin duda después de la Revolución y la guerra civil que le siguió. La institucionalización de un sistema corporativista basado en el apoyo político a cambio de privilegios económicos favoreció a unos cuantos empresarios protegidos por altas barreras de entrada tanto internamente como frente a competidores del exterior o a aquellos que obtuvieron concesiones de explotación monopólica en diversos sectores o que fueron contratistas de obras públicas, a líderes sindicales y a sindicatos, particularmente los de las empresas y organismos gubernamentales, a líderes campesinos, a una creciente burocracia y más, situación que sigue perdurando al día de hoy. Una historia repleta de agentes económicos en la búsqueda de rentas en donde la gran ausente ha sido la libertad económica, la igualdad de oportunidades en mercados competitivos y los incentivos que ello genera para la generación de riqueza. ¿Atenderá este pequeño detalle la comisión para la reforma del Estado? Lo dudo; todos ellos son rentistas.