La reciente resolución de la Suprema Corte de rechazar la intromisión del Congreso en las decisiones que el Ejecutivo haga sobre nombramientos de funcionarios para fungir como comisionados en instituciones como la Comisión Federal de Competencia, ha sido tomada por la clase política mexicana como una vuelta al presidencialismo.

Esta reacción también se ha acentuado a raíz de que los funcionarios Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, ganaron el amparo antepuesto en la Corte por la impugnación que el Congreso -por conducto del Senado- hizo de ellos para que no ocuparan posiciones como comisionados en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Aunque han declarado que no regresarán a la Cofetel, la decisión del amparo a ambos funcionarios es un golpe más para que el Congreso no se inmiscuya en las decisiones del Ejecutivo.

Lo cierto es que, aunque efectivamente estas decisiones fortalecen al Ejecutivo para el manejo de las distintas políticas que hacen las comisiones (y con ello se resuelven algunos problemas de agente principal, como le llaman los expertos de políticas públicas cuando dos dependencias del mismo gobierno no coinciden en sus objetivos -vamos dependencias creadas para atacar un mismo problema de política pública), lejos de ser una vuelta al presidencialismo absoluto, se trata de decisiones que benefician a los consumidores.

La razón, sencilla: estas decisiones sientan un precedente para que las comisiones tengan más dientes, con lo que se busca que el Congreso ya no merme la capacidad de decisión en materia de regulación de las comisiones.

Algunos analistas han expresado que el hecho de que el Presidente no tenga contrapeso en sus nombramientos en las comisiones (como ocurre con el nombramiento de los gobernadores del Banco Central) es un peligro si quien ocupa la presidencia es un loco al estilo de López, así que, según ellos no es muy sano que el Ejecutivo se quede sólo decidiendo. Sí, efectivamente, si un populista como López ocupara la presidencia, el peligro sería grave, pero no se circunscribiría sólo a las comisiones, sino a toda la administración pública, y por supuesto a todos los poderes del Estado.

Ahora, lo cierto es que sólo sería sano que el Congreso tuviera peso legal en las decisiones del Ejecutivo, sí y sólo si defendiera realmente los intereses de todos los consumidores. Eso sí sería garantía contra demagogos como López. La triste realidad es que no es así.

El Congreso mexicano se ha vuelto un club donde cabildean (así le llaman al arte de “grillarse” a los legisladores) constantemente todos los buscadores de rentas (grupos económicos y políticos de interés, para conseguir rentas extraordinarias, rentas que sólo se adquieren expoliando al consumidor) para salirse con la suya. Hace poco un político declaraba que en una democracia moderna no debíamos espantarnos que hubiera grupos de poder cabildeando, que incluso era obligación del Congreso oírlos. Bueno, pero lo que no aclaraba este político es que una cosa es oír todas las voces y otra legislar para favorecer a unos cuantos vivales que quieren vivir a costa de los consumidores y del contribuyente, a costa del ciudadano de la calle. Verdaderos parásitos mercantilistas que chupetean a los consumidores y contribuyentes.

No, entendámoslo de una vez, la misión de los políticos (estén o no en el Congreso) es la de servir a los intereses de los consumidores y los contribuyentes (quienes pagamos con nuestro trabajo sus salarios), y no a favor de grupos empresariales y/o sindicales. Eso es exactamente lo que nuestro Congreso NO hace.

Lo cierto es que la intromisión del Congreso ha sido la causa de que varias comisiones del Ejecutivo encargadas de garantizar una sana competencia entre las empresas (y por ende velar por el interés de los consumidores), estén capturadas, es decir, que empresas como Telmex, Televisa y TV Azteca tengan injerencia en las decisiones de las comisiones para no liberar a los mercados- y por ende a los consumidores- de sus conductas expoliadoras. Los consumidores mexicanos no nos podemos librar de oligopolios como el arriba mencionado, simple y sencillamente porque estos grupos han invadido las esfera de decisión del Ejecutivo y para ello han infiltrado en las comisiones a diversos funcionarios que sirven a sus intereses depredatorios, vía claro, el Congreso de la Unión.

Todavía hay mucho por hacer. Este es sólo un primer paso para que el Ejecutivo ya no se vea impedido por grupos de interés, a través de la intromisión del Congreso.

Lo cierto es que hoy urge consolidar a la Ley Federal de Competencia. Muchos de nuestros mercados siguen hoy obstaculizados por los intereses de unos cuantos, y el Congreso, claro está, ha sido su vehículo favorito.

Es hora de ponerle límite al Congreso, y la Suprema Corte de Justicia podría ser, por primera vez en muchos años, un instrumento útil a los consumidores, a los ciudadanos productivos.