Una causa impecable –evitar que el oligopolio de las dos televisoras y el magnate de Telmex controlen a sus anchas las telecomunicaciones en México – tiene los peores defensores posibles, como Manuel Bartlett o Javier Corral, ambos dinosaurios con claras inclinaciones a controlar desde el gobierno la vida de los ciudadanos.

Al mismo tiempo que en la Suprema Corte se define este diferendo sobre una ley hecha por encargo, también se dirime la controversia sobre las facultades del Senado para configurar, también por encargo, el perfil de la agencia reguladora de las telecomunicaciones –la Cofetel- al gusto de las corporaciones que deben ser reguladas.

Dejemos de lado, por ahora, la inmensa vergüenza que deberían sentir todos los legisladores –diputados y senadores- que, a cambio de no ser vetados por las poderosas televisoras, aprobaron dicha ley e hipotecaron el futuro de las telecomunicaciones del país a la voluntad de tres magnates que se apellidan Slim, Azcárraga y Salinas. La historia y la opinión pública los juzgarán y el veredicto será implacable.

El problema de cómo regular las telecomunicaciones en México, quién y hasta dónde hacerlo, de acuerdo con qué criterios, es crucial.

Ante esto, vale la pena definir cinco puntos básicos de esta discusión:

1.      Es estúpido dejar que el Senado tenga poder de veto sobre quiénes deben integrar una agencia reguladora del gobierno federal. La regulación es tarea del Ejecutivo. Ya vimos lo fácil que los senadores vetaron, a instancias de las televisoras y de la empresa telefónica dominante, a quienes son competentes e independientes y pusieron en la Cofetel a los hombres de paja que les dictaron las corporaciones a ser reguladas. Es cómo si el Senado definiese quiénes deben ser los supervisores y reguladores de la Comisión Nacional Bancaria y, para el efecto, nombrasen a quienes les indiquen en las oficinas de Banamex y de Bancomer. Eso no es división de poderes, ni democracia. Lisa y llanamente es entreguismo de los legisladores a los intereses de los poderosos. Aquí, además, no vale la analogía con otro tipo de entidades, como el Banco de México, que cumple funciones de Estado, no de gobierno, y no meramente reguladoras.

2.      También es estúpido oponerse a que las concesiones de radio y televisión se liciten en forma transparente y pública y proponer –como hacen algunos de los opositores a la llamada “Ley Televisa”- que volvamos a los nombramientos por dedazo desde el Ejecutivo o desde el Congreso o desde una asamblea de notables arrogantes, para regalarle las concesiones a los cuates. Eso es oponerse a la ley por las peores razones y las más equivocadas.

3.      Es perversa, por su parte, la hipocresía con que las televisoras han eludido el punto de veras importante del debate sobre la ley. Y ese punto es el siguiente: La tecnología digital permite más que duplicar las opciones del espectro disponibles para televisión abierta y esas nuevas opciones no pueden estar escrituradas de antemano para las dos grandes televisoras.

4.      En el fondo, nadie quiere entrar a fondo en el debate: ¿Se sigue justificando el esquema de concesiones y permisos del Estado cuando la tecnología ya nos rebasó y ha abierto espacios de libertad para los ciudadanos aunque les pese a los oligopolios? Ésa es la pregunta que todos temen plantear. Incluso la Corte y el gobierno federal.

5.      Que a nadie se le olvide que de los tres principales candidatos presidenciales en las elecciones de 2006 el peor tratado por Televisa, por Televisión Azteca y por Carlos Slim fue Felipe Calderón Hinojosa. El iluminado Andrés Manuel y el enredoso Madrazo recibieron, a ojos vistas (y ahí están los datos duros para quien lo dude), un mucho mejor trato de parte de estos magnates. Que nadie se asombre entonces de que quienes le apostaron a los caballos equivocados ahora pasen apuros para conseguir del gobierno federal el tipo de inconfesables favores que Vicente y Marta Fox les hicieron en el pasado.