Nos preguntamos si, dentro de las futuras deliberaciones sobre la reforma fiscal, o cambio en materia hacendaría, o super-miscelánea tributaria, o lo que se llame a la postre, vendrá el tema de la competencia fiscal.

El factor de la competencia, tan popular en otros debates económicos, no figura en forma directa dentro de los intercambios sobre el “federalismo fiscal”—otro concepto, otra espada, de doble filo. Pero, en el ánimo de debatir, y de debatir hasta lo imposible, es necesario preguntar: ¿qué pasaría si los estados tuviesen poder de tributar, de competir unos con otros, en la constitución de su propio régimen fiscal? ¿O por lo menos, la facultad de tributar en una proporción razonable a la facultad de gasto que ejercen hoy en día?

Las juntas de la Conago serían, sin duda, otras. Habría presión, a nivel estatal, para atraer y para retener inversión, mano de obra, y proyectos productivos. Aquellos estados con baja productividad tributaria tendrían que aprender por las malas: gastar mejor, pero a la vez facilitar la tributación.

Hoy, los estados tienen la mejor combinación posible: ejercen poder sobre un gran porcentaje del gasto federal, pero no tienen la obligación, ni de rendir cuentas, ni de tener que recaudar los fondos. En la práctica, es un almuerzo gratis, un cheque en blanco. Un reto para la competencia fiscal sería introducir los incentivos para que los mismos jefes de estados, los ilustres gobernadores, tengan el interés de apoyar la competencia fiscal—por ejemplo, a mayor capacidad tributaria, mayores beneficios en el ejercicio del gasto que se destina de las arcas federales.

Claro, se pueden dar escenarios que los estados más competitivos, con los mejores regímenes fiscales, puedan desplazar a los menos competitivos—pero de eso trata el factor de la competencia. Un ambiente de genuina competencia fiscal implica que los estados, en el grado de posibilidades, disfruten la soberanía para implementar el sistema fiscal que sea más propicio para sus metas. Habría, sin duda, múltiples discusiones sobre la reforma del estado, ya que habría que considerar todas las propuestas a nivel estatal.

Habrá gobiernos que pretendan eficientar el gasto, reducir la burocracia, privilegiar el gasto en inversión, hasta pensar en desincorporar activos, con el fin de hacer posible un sistema de bajos impuestos, fáciles de cobrar, fáciles de pagar. Otros preferirán un mayor gasto, mayores impuestos, más burocracia. Los factores de producción, en un proceso de democracia económica, votarán con los pies.

La competencia fiscal es, así vista, como otros tipos de competencia. Si hay sólo una alternativa, una miscelánea, un tributo, no hay incentivo necesario para mejorarlo—y los contribuyentes tenderán a pagar las consecuencias. Vaya, es sólo una idea, pero parece ser una idea, como decía un personaje hace algún tiempo, cuyo tiempo ha llegado.