La semana pasada la Suprema Corte de Justicia terminó de resolver en torno a la constitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Finalmente, no se impusieron los intereses de las televisoras privadas mexicanas más poderosas. Sí, perfecto, pero ahora queda un mar de cosas que tanto el legislativo, como el Ejecutivo tendrán que enmendar. Ojalá no se cree un monstruo que atente contra la libertad económica en el sector de las telecomunicaciones.

Aunque no se declaró inconstitucional a toda la ley, sí se resolvió que varios de los artículos de la misma no se pueden aplicar en virtud de que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bueno, hasta ahí todo está bien. Sin embargo, buena parte de los argumentos de los ministros de la corte fueron en torno a un concepto rancio y violatorio de los derechos de propiedad de los particulares, la llamada rectoría del Estado, que no es otra cosa que el legado intervencionista de la constitución socialista de 1917 que hoy nos rige.

Esa rectoría no es más que la puerta abierta para que en México se justifiquen actos confiscatorios e intervencionistas por parte del Estado. Vamos, es la ventana ideal para que alguien al estilo de Chávez llegue al poder y haga lo que se le de la gana con los derechos de propiedad de los ciudadanos.

Bueno, ciertamente la Corte sólo juzga en función del cumplimiento de la Constitución Mexicana (no es su función modificarla), la cual es de corte socialista, pues desprecia no sólo a la iniciativa individual de emprender, sino que protege precariamente a la propiedad privada y defiende a ultranza la intervención gubernamental (sólo cheque, amigo lector, lo que dice la Carta Magna en los artículos 25 al 28), no importa si ésta pasa por encima del derecho de los particulares. Ahí está la causa de nuestro subdesarrollo económico y mental.

La mayoría de los abogados -incluyendo a los ministros de la Corte- y economistas formados en México han seguido los principios antiliberales de la Constitución mexicana. Claro, son resultado del sistema educativo socialista mexicano y, por supuesto, han retroalimentado al sistema. El sistema ha formado a sus semillas desde niños, y éstas al desarrollarse lo han perpetuado. Resultado: estatismo y subdesarrollo económico y humano.

El destacado historiador económico, Douglas North, afirma que las instituciones se desarrollan sobre la base de su propio rezago histórico, lo que significa que la vieja frase que dice (palabras más, palabras menos) que lo importante no son los hombres, sino las instituciones, es rotundamente falsa. De qué sirve que existan instituciones que sirvan a los intereses de unos cuantos; de qué sirven las instituciones si no respetan los derechos naturales de las personas como son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada; de qué sirven las instituciones si no protegen a los más débiles; de qué sirven las instituciones si se pueden destruir con la llegada de cualquier dictadorzuelo como Hugo Chávez en Venezuela.

No, la base del desarrollo exitoso en un ambiente de libertad y prosperidad de las sociedades no son las instituciones per se, sino las leyes que han sustentado su edificación. Si las leyes iniciales (con las que se diseña a la arquitectura institucional) no defienden a los derechos básicos del ser humano (y peor aún, si atentan contra ellos) como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, entonces lo que tendremos son constituciones políticas que llevarán simple y sencillamente al fracaso económico y humano a las naciones. Peor aún, las constituciones políticas que otorgan poder ilimitado al Estado, son la base para que lleguen al poder dictadores (al estilo de Chávez, Correa y Morales) que destruyen a las instituciones -y por supuesto, a la democracia, a la que desaparecen por decreto- para luego edificar unas a modo y con ello poder sojuzgar a sus pueblos.

¿Por qué hoy la mayoría de los pueblos anglófonos son desarrollados y la mayoría de los países latinos son subdesarrollados? Simple, la razón es su Constitución política, cuyas leyes han propiciado una infraestructura institucional que protege la libertad y el derecho de las minorías. Claro, esto pasa por proteger de manera sagrada a la propiedad privada y, por supuesto, a la vida.

Así las cosas, la Corte mexicana, a veces defiende los derechos de los ciudadanos, pero tratándose de cuestiones económicas, por desgracia, sus decisiones se basan en una Constitución política socialista que pregona la supremacía del Estado, que no importando si aplasta a los particulares, debe planear, conducir, coordinar, orientar y ejecutar a las actividades económicas fundamentales. Es decir, amigo lector, con este criterio, supuestamente el Estado sabe mejor que usted y yo, qué y cuanto producir, qué y dónde estudiar, en qué tipo de casa y a dónde vivir, qué consumir y qué no, qué medios son los buenos y cuáles no, etc. ¡¡Pamplinas!! Vaya irrespeto de nuestra Carta Magna para las personas. Esa filosofía socialista del derecho es lo que aún mantiene a México en peligro de que llegue un Mesías iluminado que esclavice a los ciudadanos.

Las elecciones presidenciales pasadas, estuvimos a sólo poco más de 200 mil votos de caer en manos de un fascista-populista (que aún hoy afirma, ¡al diablo las instituciones!). Vaya, es un verdadero peligro la ausencia de leyes que limiten el poder del Estado. Es un peligro que los ciudadanos y las minorías no estén protegidos contra los abusos del Estado. El Estado debe servir a los ciudadanos, ¡jamás al revés! Ahí está la tragedia de las dictaduras comunistas. Ahí están los asesinatos de millones de seres humanos. Obvio, la supremacía del Estado por encima de sus gobernados, solo conduce a la tragedia.

En este contexto, las resoluciones de la Corte en materia de telecomunicaciones están alejadas de la protección a los derechos de propiedad, y, en cambio, irán encaminadas a fortalecer la figura de la concesión -vía licitación- (no sólo de los medios de comunicación, sino de recursos naturales, de transporte, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). Yo, Estado, decido quién produzca y por cuánto tiempo (por ejemplo, en cuanto la corte se dio cuenta de que con la digitalización, la transmisión vía espectro radioeléctrico se compacta y puede dar cabida a comunicaciones no reguladas por la Ley Federal de Radio y Televisión, entonces decidió no permitir la libre entrada de participantes en el mercado de las telecomunicaciones y ordena que sólo se licite por concesión -lo que sigue siendo un método discrecional- en función de la “calidad” del proyecto; un burócrata iluminado decidiendo qué medios son buenos y cuáles no, qué grave asunto; si no se legisla eficientemente este punto, la resolución de la Corte podría ser un obstáculo para la modernización tecnológica del sector), lo de menos es la propiedad privada y la competencia, lo de menos es el consumidor, el ciudadano de la calle. Aún está lejano el respeto de la propiedad privada en México, y ése, ése puede ser el talón de Aquiles para que nuestra joven democracia se vea destruida.

Es urgente cambiar los artículos 25 al 28 constitucional, pues atentan contra los derechos de propiedad. De no hacerlo, cualquier reforma estructural que México intente, sobre todo en materia de modernización del régimen de inversión, va a ser declarada inconstitucional por la Corte, pues se aducirá siempre la violación a los artículos 25 al 28 de la Carta Magna. Insisto, amigo lector, lea esos artículos y compruebe que son artículos socialistas que implican que el Estado podría expropiar a los medios de producción cuando considere necesario tener “rectoría”, así como defiende a los monopolios del gobierno. No, con esos artículos, los políticos estatistas (como Bartlett y los del PRD) encontrarán el paraíso para bloquear cualquier intento de modernización de México. La corte sólo se ajustará a los mandamientos socialistas de la Constitución.

Si queremos ser un país moderno, debemos modificar –o de plano desechar- aquellos artículos que atentan contra la propiedad privada.

Ya veremos si nuestro futuro es el de la libertad ó el de la dictadura de las mayorías.