Es ilusorio esperar de un cuerpo colegiado –como es la Suprema Corte- que en el transcurso de sus deliberaciones muestre claridad, precisión y propósitos unívocos. Una cosa son las deliberaciones, el intercambio de argumentos y alegatos, y otra –muy distinta- la sentencia final en la que debe prevalecer un criterio unívoco y una interpretación esclarecedora de la norma constitucional.

En la controversia constitucional por la llamada “ley de medios” muchos comentaristas se han adelantado a los hechos y han dado por zanjado el asunto sin esperar a la redacción de la sentencia definitiva. Para la mayoría de quienes conforman la “comentocracia” la sentencia ha sido: “Perdieron las televisoras”. No les falta razón si lo que quieren decir, con ello, es que la Corte ha revertido la ignominiosa aprobación de una ley diseñada al gusto de dos corporaciones que, bajo el pretexto de ajustar la ley a los avances tecnológicos, intentaron mantener un estado de cosas en el que dicha modernización se daría sólo al gusto y al ritmo que impusieran los intereses de esas corporaciones. No en beneficio de una mayor competencia, y por ende no en beneficio de los consumidores, sino como garantía de rentas de oligopolio.

Pero se equivocan dichos comentaristas cuando dan por terminado el asunto e interpretan que la Corte ha “reivindicado” el dominio o rectoría del Estado sobre los medios de comunicación electrónica. ¡Dios –y la Corte- nos libren de tal desatino!

Lo más probable y deseable es que la sentencia final de la Corte se fundamente en el imperativo de que deben erradicarse las prácticas monopolísticas y garantizarse la libre competencia en los mercados, no en el anacrónico y opresivo argumento de que el Estado debe regir la actividad económica.

La distancia es abismal. En el primer caso, se tratará de una victoria de la democracia y de la libertad; en el segundo iríamos de lo malo –el corrupto capitalismo de compadres- a lo peor: el intervencionismo gubernamental en contra de la libertad de los ciudadanos.