Durante la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogó, analizó, y emitió su fallo sobre la acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión promovida por los senadores integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

Lo verdaderamente importante se refiere a la situación actual bajo la cual se sustenta esta ley, así como muchas otras que actualmente nos rigen, incluyendo la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La rectoría e injerencia del Estado sobre la actividad económica de las personas. Vamos por partes.

Los argumentos esgrimidos por los ministros de la SCJN en el fallo en general, se refieren a que los artículos impugnados a la actual Ley de Radio y Televisión violan los principios de igualdad de oportunidades, competencia, libertad de expresión y acceso equitativo los medios de comunicación, sin embargo, el más importante señala: “va contra la equidad y dificulta al Estado que cumpla su papel de la rectoría del espacio radioeléctrico”.

Desde la redacción misma en nuestra Constitución, específicamente sobre el artículo 25, podemos darnos cuenta de la raíz del problema general. El artículo señala:

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Así, el problema central de todo esto tiene que ver con la intromisión del gobierno en todas y cada una de las actividades económicas, específicamente en las que considera “áreas estratégicas” para el desarrollo nacional, incluido el sector que aquí nos ocupa, que solamente genera monopolios y oligopolios, públicos y privados en detrimento a los consumidores y de paso asegura que se vea coartada nuestra libertad individual para emprender y ejercer libremente alguna actividad que en el mejor de los casos no corresponda a ninguna de esas áreas estratégicas perteneciente al estado, pero que será regulada y controlada con infinidad de permisos y trámites burocráticos a través de su amplio margen discrecional para decidir qué es lo que “se tiene que hacer”, “cómo se debe de hacer” y “quienes (cuántos) lo deben de hacer”.

Una y otra vez se ha hecho hincapié en que el régimen de libre mercado es superior a cualquier otro dirigido por políticos u organismos de planificación estatal porque funciona sin que exista ningún acuerdo previo sobre los fines que deben de perseguirse y sin ser necesario imponer proyectos de iluminados y arrogantes gobernantes. El mercado mismo funciona como un sorprendente mecanismo de interrelación entre todos los agentes económicos que buscan y ofrecen soluciones a sus necesidades de ahorro, consumo e inversión.

La actuación y decisión de la SCJN se puede calificar de objetiva y congruente con las leyes que hoy tenemos. Sin embargo, el verdadero problema es ése, las leyes vigentes que tenemos los mexicanos hoy en día. El debate detrás del fallo de la SCJN se dio bajo dos posiciones claramente marcadas, uno fue el de los senadores por evitar a toda costa que el gobierno perdiera ese poder discrecional y control por parte del estado sobre el sector, y la otra, por parte de las dos empresas oligopólicas de televisión que buscaban cerrar canales a la competencia y poner barreras de entrada a nuevos participantes en el mercado.

El gobierno debe de limitarse única y exclusivamente a vigilar que exista competencia en el sector, y no dictar quienes, cuántos o qué tecnología utilizar en las telecomunicaciones; que eso se lo dejen al mercado. Lo lamentable, realmente lamentable en el fondo de este asunto, no fueron los argumentos de los ministros de la Corte a favor del control del gobierno sobre las concesiones y permisos (para no perder la discrecionalidad y limitar así la capacidad rectora del Estado sobre la actividad económica), sino que nuestras leyes, desde la redacción misma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo avale. El ejercicio de poderes discrecionales de un gobierno sobre algún sector de la actividad económica llevada al extremo está fácilmente ejemplificado hoy en día con el caso de Venezuela.