El magnate mexicano Carlos Slim pasó del tercer al segundo lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo. Ahora que Bill Gates está donando una parte importante de lo que ha ganado, es probable que Slim, el dueño de Teléfonos de México, ocupe algún día el primer lugar.

A pesar de lo impresionante que parecen sus números, siempre habrá un asterisco junto al nombre de Slim. Lo llamo el problema de Barry Bonds (nota del editor: Barry Bonds es un jugador de béisbol que se dispone a batir el récord del mayor número de jonrones en la historia, pero su logro ha sido ensombrecido por las sospechas de que usó esteroides). Incluso si Bonds llega a batir la marca de Hank Aaron, nunca será considerado como su par porque la mayoría de los seguidores del béisbol piensa que no compitió con las mismas armas.

Slim enfrenta un problema similar cuando es comparado con emprendedores creativos como Bill Gates. El multimillonario del software ganó su fortuna como un innovador que agregó valor a las vidas de sus clientes. Slim se hizo rico al maximizar sus oportunidades en un entorno en el cual ha disfrutado de privilegios monopólicos, una fortuna que se ha multiplicado y una influencia política acorde a su riqueza.

Slim es sólo el más famoso de los mexicanos que han ganado una fortuna gracias a los privilegios monopólicos. La economía mexicana se ha abierto en forma radical durante las últimas dos décadas, pero un reducido número de sectores de importancia crítica, incluyendo la telefonía de línea fija en la que Telmex controla un 95% del mercado, todavía gozan de protección en contra de la competencia. En ninguna otra parte del mundo se entienden mejor los costos económicos del "modelo de negocios" de Slim que en su propio país. Hay un consenso generalizado entre los economistas de que los precios impuestos por estos actores dominantes han elevado el costo de hacer negocios en México y han contribuido a que la economía no pueda competir con sus rivales internacionales.

Esta es la razón por la que los modernizadores mexicanos están celebrando un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto algunos artículos clave de una ley de radio y televisión de 2006 diseñada para proteger de nuevos competidores al gigante de los medios de comunicación Televisa, que pertenece a Emilio Azcárraga Jean, y la más pequeña TV Azteca, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego. Sus detractores han bautizado la legislación como "la ley Televisa" debido a que fue redactada por abogados de Televisa.

La decisión de la corte no alude directamente al monopolio que Slim tiene sobre las telecomunicaciones o a monopolios similares en otras industrias como el petróleo, la electricidad, el transporte y el cemento. Pero instruye al Congreso acerca de la prioridad que otorga la Constitución a un tratamiento igualitario ante la ley. Al hacerlo, eleva los estándares para los legisladores en los temas relacionados con la competencia justa y sienta un precedente que, probablemente, tendrá un impacto en otros segmentos de la economía que no están abiertos a la competencia, incluyendo el feudo de Slim.

Una de las cláusulas rechazadas por la Corte Suprema otorgaba a los titulares de concesiones de transmisiones análogas, es decir el actual duopolio, los derechos a un nuevo espectro que se abrirá con la conversión a las transmisiones digitales. En la práctica esto garantizaba que nuevos competidores no lograrían entrar al mercado. El tribunal también rechazó como inconstitucional una cláusula que hacía que la renovación de las licencias fuera automática y que traspasaba de una generación a otra los derechos y condiciones de concesiones previas sin tomar en cuenta los cambios de la ley. La Corte Suprema defendió la competencia al fallar que los interesados en participar en las subastas de los espectros de radio y televisión deben recibir la aprobación de la comisión de competencia de México.

La decisión de la Corte Suprema no ha recibido mucha atención fuera de México, pero podría ser uno de los acontecimientos económicos más importantes de los últimos años, debido a que representa un cambio radical en la jurisprudencia mexicana, que a su vez refleja un cambio de similar magnitud en la cultura del país.

Hace apenas dos décadas, la idea de que la elite mexicana podría ver sus privilegios diezmados por una decisión de la Corte Suprema era algo inconcebible. En ese entonces, decir que una decisión de esta magnitud podría ser el preludio de otra revolución mexicana no habría tenido nada de hipérbole. Esta revolución, por suerte, es pacífica. Pero para un pueblo que durante 70 años vivió bajo el dominio unipartidista, puede parecer igual de radical.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió la economía mexicana y, al aumentar los flujos de información, ayudó a liderar la transición hacia la democracia. Este cambio político se caracteriza por la protesta nacional en contra de un sistema que favorece a la elite política y empresarial y obstaculiza la movilidad económica. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador estuvo cerca de conquistar la presidencia el año pasado es, en parte, una manifestación de esta frustración popular. El actual debate en la sociedad civil tal vez sea acerca de la ley Televisa, pero en realidad es una discusión más amplia sobre las reglas básicas que deberían gobernar la competencia. La Corte Suprema refleja este cambio cultural, no sólo al actuar con independencia, sino también al hacer públicas sus deliberaciones a favor de la libre competencia.

La decisión judicial abre la puerta para que el presidente Felipe Calderón, que en su campaña presidencial defendió una mayor competencia, asuma un papel de liderazgo al responder a las preocupaciones acerca de la igualdad ante la ley. Estará bajo una tremenda presión de los magnates de los medios para que haga lo contrario, y por eso el tema se convertirá en una prueba importante para su joven presidencia.

Una manera fácil para que Calderón establezca buenas credenciales en este tema es nombrar a Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Ambos han defendido la libre competencia y fueron nominados a la Cofetel por el ex presidente Vicente Fox. Pero el Senado rechazó sus nombramientos como parte de su trabajo en la ley Televisa, pese a reconocer las calificaciones de ambos. Ahora que la justicia ha decidido que el Congreso no tiene facultades para vetar las nominaciones del ejecutivo a la Cofetel, Calderón puede volver a nominarlos y mostrar que quiere un regulador serio que defienda la libre competencia.

El presidente también puede asumir un papel más activo y volver a redactar las cláusulas que la Corte Suprema rechazó y enviarlas al Congreso. Esto debiera incluir un calendario acelerado para la conversión mexicana hacia las transmisiones digitales. Esto significará, con toda seguridad, una pelea. Los dinosaurios lo estarán esperando y trabajando en el Senado, al igual que el año pasado. Calderón tendrá que llevar sus argumentos al público, lo que no será fácil puesto que sus adversarios aún controlan la radio y la televisión.

Sin embargo, a su lado contará con muchos modernizadores que entienden que la incapacidad para asegurar la igualdad ante la ley significa el fin de la lucha por una democracia liberal en México. Hay mucho en juego y la historia lo tendrá en cuenta cuando le toque juzgar al gobierno de Calderón.

*Artículo cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales