El manejo, gasto y destino de recursos en manos del gobierno es siempre más ineficiente y costoso que en manos de los particulares. En un escenario en el que alguien gasta dinero ajeno en terceros no puede funcionar el incentivo de ser eficiente y gastar esos fondos de la mejor manera posible para los beneficiarios del gasto.

Durante la semana pasada, se reportó en los medios que los diputados federales elevaron sus salarios en 18 mil pesos mensuales adicionales, para llegar a más de 148 mil mensuales (76,700 pesos de ingresos mensuales, 27,665 pesos para atención ciudadana y 44 mil pesos para asistencia legislativa). Los legisladores argumentan que dichos recursos se destinarán a financiar asesorías, “tratar de elaborar mejores leyes” así como para la contratación de personal adicional para asistirles en sus labores. Ante las críticas, algunos tuvieron el cinismo de decir que queda en la responsabilidad y la ética de cada uno de los diputados federales utilizarlo para el pago de asesorías o sumarlo a los ingresos que obtienen los legisladores federales.

¿Usted cree en la buena voluntad de los legisladores y confiar en que dichos recursos serán utilizados de la mejor manera? Por más que algunos diputados prometan sus buenas intenciones, la respuesta es no y hay una lógica económica detrás de todo esto.

Rose y Milton Friedman, en su obra Free To Choose: A personal Statement, explican mejor que nadie los tipos de gasto que realiza una persona, desarrollando cuatro tipos de gasto posible dependiendo quién hace el gasto y a quién se dedica ese gasto:

Categoría I. La persona gasta su propio dinero en su propio beneficio. El ejemplo más claro de esto es toda compra que uno hace de un bien que uno mismo usará. Puede ser el gasto que alguien realiza en un supermercado para adquirir artículos para su propio consumo, o bien la compra de un automóvil para su propio uso. Claramente existe en esta categoría un fuerte incentivo para realizar una compra eficiente y económica, comprando el bien que más valor representa para la persona.

Categoría II. La persona gasta su propio dinero para beneficio de un tercero. El ejemplo más típico de esto es la compra de regalos de Navidad o cumpleaños. Igualmente en esta categoría se tiene un fuerte incentivo para economizar, aunque algo menos para lograr el máximo valor para el receptor del regalo.

Categoría III. La persona gasta dinero ajeno en ella misma. Es el caso de las cuentas de viaje cubiertas por la empresa. En este caso, la persona no tiene un fuerte incentivo de ahorro, aunque sí tiene una motivación para obtener el máximo valor posible para ella.

Categoría IV. La persona gasta dinero ajeno en terceras personas. Es el caso de pagar uno mismo la cuenta de otra persona con cargo a la empresa. No hay aquí incentivo para gastar menos ni para buscar el máximo valor.

Y en las últimas dos categorías es precisamente donde entran los gobernantes. En la tercera categoría se ejemplifica a la perfección la reciente actuación de nuestros legisladores aquí aludida y la cuarta categoría tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Los ejemplos descritos por Rose y Milton Friedman referentes a “con cargo a la empresa” es exactamente igual que decir “con cargo a los contribuyentes” cuando hablamos del sector público, ya que los gobiernos no generan ingresos, obteniéndose éstos por medio de los impuestos.

Así, el tipo de gasto que realizan los gobernantes se hace con menor cuidado que el gasto privado. Cuanto menos dinero tenga el gobierno para gastar, mejor. Ese dinero quedará en manos privadas y se gastará o invertirá más eficientemente generando con ello mayores niveles de bienestar. Los incentivos al gastar dinero ajeno son distintos a los de gastar dinero propio. Se realiza con menos cuidado y se suele ser mucho más derrochador con el dinero ajeno.

En estas fechas en la que se debate una nueva reforma fiscal para México, es necesario plantear y llevar a cabo una orientación radical del gasto público a la obtención de resultados, que sean evaluados por la sociedad o por sus representantes por medio de criterios objetivos de costo-beneficio. Será importante también exigir criterios de evaluación en el desempeño de los funcionarios públicos en términos de honestidad en el manejo de los recursos así como también de competencia profesional en sus cargos.