Para cualquiera, sobre todo para los productores, la tentación de usar el poder político en beneficio propio está siempre presente, y para cualquier político la tentación de usar su poder para beneficiar a determinados grupos de agentes económicos, sobre todo productores, está, de igual manera, siempre presente. (Recuérdese, a manera de ejemplo más reciente, la llamada Ley Televisa). Se trata de la tentación mercantilista, pudiendo definirse al mercantilismo como el contubernio entre determinados grupos de poder político (por lo general legisladores) y ciertos grupos de poder económico (casi siempre empresarios), relación de la cual los segundos obtienen rentas y los primeros desde recompensas pecuniarias hasta apoyo electoral.

Por lo general, el resultado de ese contubernio es una ley que, como tal, legaliza lo que, no por ser declarado legal, deja de ser inmoral: el uso del poder político para obtener privilegios, como lo pueden ser, en el caso de los oferentes de bienes y servicios, desde el cierre de fronteras a la importación de mercancías, eliminando así a la competencia externa, hasta la concesión de un monopolio, terminando por ello con la competencia interna, pasando por apoyos y subsidios de todo tipo, todo ello en aras de un solo objetivo: limitar o eliminar la competencia, lo cual hace posible cobrarle al consumidor un precio mayor del que se le cobraría si el oferente del bien o servicio tuviera competencia. A ese precio mayor se le conoce como renta, y podrá ser legal, pero siempre será inmoral, como inmoral es cualquier artimaña para limitar o eliminar la competencia entre oferentes, limitación y eliminación que es la esencia del mercantilismo, de ese contubernio entre ciertos grupos de poder político y determinados grupos de poder económico.

El problema en México es que, desde el marco jurídico de la economía, hasta la cultura económica de la mayoría de los empresarios, es, se haya caído en la cuenta de ello o no, de inspiración mercantilista y, por lo tanto, recelosa de la competencia y de lo que la hace posible: la libertad para emprender y la propiedad sobre los medios de producción, libertad y propiedad que requieren, uno, que todos los sectores de la actividad económica estén abiertos a la participación de todo aquel que quiera y pueda participar y, dos, que todos los mercados estén abiertos a la importación de cualquier mercancía, eliminando cualquier obstáculo impuesto por el gobierno, desde la concesión, en el caso de algunas actividades económica, hasta los aranceles, en el de caso muchas mercancías importadas. ¿Por qué, para invertir en radio o televisión, hay que pedirle permiso al gobierno, buscando el otorgamiento de la concesión correspondiente? ¿Por qué, en el caso de muchas mercancías importadas, hay que pagar, por obra y gracia del arancel que las grava, un precio mayor del que se pagaría si el arancel no existiera? ¿Cuánto nos cuesta, a los consumidores, todos esos obstáculos que el gobierno le impone a la competencia entre oferentes?

El marco jurídico de nuestra economía, comenzando por el capítulo económico de la Constitución (artículos 25 al 28, fundamentalmente), es de inspiración mercantilista, receloso de la competencia, aunque el artículo 28 prohíbe los monopolios, ¡pero sin considerar como tales ni a PEMEX, ni a CFE, ni a cualquier otro monopolio que pudiera surgir si el gobierno expropia y gubernamentaliza alguna actividad económica!, de la misma manera que recelosos de la competencia son la mayoría de los empresarios, cuyo sueño dorado es que el gobierno les conceda, ley de por medio, algún privilegio que limite (en el peor de los casos) o elimine (en el mejor) la competencia. Insisto en la pregunta: ¿cuánto nos cuesta, a los consumidores, todos esos obstáculos que el gobierno le impone a la competencia entre oferentes?