Durante mucho tiempo se ha debatido sobre las terribles consecuencias de la cada vez mayor intromisión del Estado en la actividad económica. El gobierno, al querer solucionar las múltiples e ilimitadas necesidades de todos y cada uno de los individuos, se autoasigna tareas que no podrá cumplir por su inviabilidad implícita, ya que nadie, ni el propio gobierno, puede saber y tener el control de millones de decisiones que diario se llevan a cabo en el mercado.

Recordemos que el gobierno no es un ente generador de bienes o servicios productivos que se coticen en el mercado y por el cual se pague un precio o un valor a cambio. Por el contrario, el gobierno se hace de recursos a través de impuestos con la justificación legal de “financiar sus actividades” que en algunos casos no solamente se limitan a la impartición de justicia y preservación del Estado de Derecho, sino que se atribuyen infinidad de tareas adicionales como administrar aeropuertos, sistemas de salud, educación, industrias eléctricas, petroleras, energéticas, etc., por mencionar sólo algunos.

Así los gobiernos adquieren múltiples compromisos de gasto y cada día demandan más recursos para poder satisfacer partidas presupuestales crecientes. Por eso es entendible ver cada año a los legisladores debatiendo y pugnando por hacerse de más recursos, olvidando un principio elemental: Los recursos que el gobierno adquiere significan menores recursos para la sociedad, que podría gastarlos o invertirlos de manera más eficiente y generar mayores niveles de bienestar.

Hace dos semanas se presentó una propuesta de reforma fiscal que llama poderosamente la atención en muchos aspectos. El primero de ellos es que esta propuesta, al contrario de muchas otras presentadas con anterioridad, parece que trata de ampliar algunos beneficios al cliente y no se centra del todo en las necesidades exclusivas del gobierno.

Es cierto que la propuesta de reforma fiscal presentada por las autoridades mexicanas no se asemeja a la propuesta de tasa única planteada en este espacio desde un principio, ya que mantiene todavía altas tasas en comparación con esquemas de un impuesto único y parejo a nivel internacional como Estonia, Irlanda o Hong Kong. Pero tampoco se le puede otorgar la característica de recaudatoria como elemento y pilar fundamental de la misma.

Varios analistas ven que la propuesta fiscal presentada por las autoridades tiene el elemento rescatable de tomar en cuenta el aspecto de la evaluación en el gasto público, introduciendo elementos tales como la como optimización orientada a resultados, transparencia y rendición de cuentas, en donde en otras palabras, se propone limitar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades federales, estados y municipios en el ejercicio del gasto público. Es importante destacar también que las autoridades parten de la premisa de cualquier reforma fiscal debe empezar por el compromiso del gobierno para gastar mejor y para dar resultados comprobables que satisfagan a los ciudadanos, sentando un gran precedente a dicho proyecto.

Así, bajo esta óptica, los analistas establecen que a través de este tipo de acciones en la aplicación y ejecución del gasto público, es como el gobierno, el congreso y las personas se darán cuenta de aquellos gastos que no están siendo aprovechados y por el contrario, están siendo desperdiciados, para que en el mejor de los casos y de cara al siguiente periodo presupuestal en puerta, éstos gastos improductivos puedan ser cancelados o reorientados a programas con mejor rentabilidad social. Se prevén ahorros importantes en esta materia.

La propuesta de reforma fiscal propone algo diferente que marca el camino correcto hacia donde se debe de ir. Por supuesto tiene errores y omisiones, pero éstos se pueden ir perfeccionando sobre la marcha. Elementos tan básicos como saber cómo se gasta el dinero el gobierno (de por sí ya con un gran costo de oportunidad para la sociedad) con mecanismos de evaluación de resultados y rendición de cuentas para saber qué se está haciendo bien y en qué se derrochan y malgastan los recursos públicos, le devuelve al contribuyente el protagonismo que siempre debe darle toda reforma de este tipo, de ahí la importancia de saber cómo gasta el gobierno.