El Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dio a conocer a los medios de comunicación que el abogado de un líder sindical minero, acusado de fraude por más de 600 millones de pesos en perjuicio de los trabajadores mineros, le dijo que si conseguía el perdón de las acusaciones a su cliente, levantaría las huelgas en varias minas del país. Ese tipo de propuestas son tipificados como delitos en otros países, pero en México todavía son recursos para burlar la justicia.

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que, en la medida que son voluntarias y libres, sirven para mejorar la condición y capacitación de los trabajadores; pero cuando se convierten en monopolios de mano de obra que impiden la flexibilidad laboral, la modernización de las empresas y su competitividad, obstaculizan el crecimiento económico, la creación de empleos y la actualización del marco jurídico.

Esos grupos sindicales, herencia de un añejo corporativismo fascista del siglo pasado, son capaces de tramar huelgas y hasta accidentes en oleoductos o minas para obligar a las autoridades a transar con ellos y conservar sus privilegios. Algunos partidos utilizaron a ese tipo de sindicatos fascistas para consolidar su poder político, pero como cada día eran más onerosas sus peticiones, desde mediados de los ochentas ya resultaba difícil sostener los equilibrios económicos ante sus pretensiones. Por ello, el presidente Salinas comenzó a desmantelar ese corporativismo, que impedía el progreso y la modernización del país.

Ojalá el actual gobierno, con el apoyo de la opinión pública y de la sociedad, supere los ataques de los sindicalistas dinosaurios sobrevivientes, a quienes paradójicamente les han manifestado su apoyo otros sindicalistas que se dicen de izquierda moderna y cuyos gremios nacieron teóricamente para luchar contra ese corporativismo monopólico fascista, que tanto daño ha hecho al país y cuyo costo social son el desempleo de millones de trabajadores y la baja productividad de las empresas mexicanas.