La crisis de las hipotecas de baja calidad –o “subprime”- en Estados Unidos, que se encuentran más o menos dispersas, y ocultas, en los mercados financieros mundiales, es una buena oportunidad para que los acreditados analicen críticamente los supuestos detrás del crédito que disfrutan.

Algunos acreditados, especialmente en épocas de alta liquidez, asumen que la carga del análisis del riesgo recae exclusivamente en el intermediario financiero o en el acreedor (inversionista). Hecha esta presunción asumen que si tal análisis de riesgo resulta favorable, dicho resultado automáticamente se aplica también para la viabilidad de sus proyectos, lo cual no necesariamente es cierto. El acreedor analizó, en el mejor de los casos, las garantías de recuperación de sus activos financieros, que no son necesariamente las garantías de la viabilidad económica del proyecto del acreditado.

Un ejemplo de estas presunciones irracionales es el de la controvertida torre “del bicentenario”, que un grupo de promotores inmobiliarios pretende construir en la ciudad de México y que ha contado con el apoyo (impertinente, toda vez que es un proyecto privado como otras decenas más de proyectos privados que no reciben tal apoyo) del gobierno local.

Dejando a un lado las gratuitas opiniones favorables de algunos periodistas –que de pronto se han revelado, ¡también!, como eminentes arquitectos- y las no menos impertinentes objeciones xenófobas y aldeanas de algunos políticos y vecinos, me llama la atención que nadie haya mencionado la viabilidad financiera del proyecto, cuando salta a la vista que en la ciudad de México la oferta de espacios para oficinas con características similares (Santa Fe, WTC, Torre Mayor, edificio de la BMV, la gigantesca sede del antiguo centro Bancomer, entre muchos otros) sobrepasa por mucho a la demanda conocida.

El proyecto puede ser rentable para los promotores –que seguramente no serán los inversionistas- en cuanto que su negocio es construir y para algunos políticos, en cuanto su negocio es hacer ruido, pero ¿cuántos de los ardientes promotores están dispuestos a poner hoy su dinero –no el del gobierno, no el de algún fondo de inversión, no el de clientes incautos, sino dinero de sus bolsillos- para comprar unos metros cuadrados de promesas?