En el momento en que escribo estas líneas parece que los tres principales partidos políticos del país han llegado a un acuerdo para permitir la celebración de la ceremonia de inauguración de la legislatura y entrega del primer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Los acuerdos pueden desmoronarse de último momento; pero por ahora se espera que los diputados y senadores del PRD y el PAN eviten golpearse, como lo hicieron el pasado 1ro de diciembre, en la ceremonia de toma de posesión del presidente Calderón.

De mantenerse el acuerdo, al primer mandatario se le permitiría entrar al salón de plenos del Palacio Legislativo donde entregaría su informe por escrito, tal y como lo ordena el artículo 69 de la Constitución. Los diputados del PRD se mantendrían bien portados y no tratarían de agredir al presidente o de ofrecer comportamientos de descortesía, como darle la espalda o abuchearlo. Pero no se le permitiría al presidente dirigir un discurso a los legisladores e invitados reunidos.

De hecho, Calderón tendría que pronunciar su tradicional discurso político en otra sede y en otro lugar, lo cual podría ser el domingo 2 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Por supuesto que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pero yo me pregunto si no se podría haber hecho un esfuerzo por construir un buen acuerdo.

La mayoría de los mexicanos no quieren que se limite de esta manera la tradicional ceremonia del informe. Cuando menos dos encuestas de opinión, una de Demotecnia de María de las Heras y otra de Gaussc de Manuel Rodríguez, señalan que dos terceras partes de los ciudadanos quieren un retorno a la ceremonia tradicional en que el presidente pronunciaba su discurso desde la máxima tribuna. En todos los países del mundo, el que el primer mandatario ofrezca un informe de gobierno al congreso y a la nación se considera no sólo natural sino una obligación del gobernante.

Quizá los mexicanos debamos darnos de santos por el hecho de que los dirigentes de los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo. Esperemos que éste sea suficiente para impedir una más de las batallas campales que han caracterizado la imagen de nuestro Congreso en los últimos años. Pero la verdad es que los mexicanos merecemos más.

Tenemos derecho a presenciar una ceremonia de inicio del período ordinario de sesiones de la legislatura a la que acuda el presidente con todo el respeto que merece la investidura de su cargo. El presidente debe llegar con oportunidad al pleno del Palacio Legislativo para escuchar las posiciones de los partidos políticos, porque vivimos en una democracia en la que no hay por qué aislar los oídos de ningún político de las posiciones de los demás.

El primer mandatario debe entregar un informe detallado por escrito, con todos los apoyos estadísticos que son necesarios para entender el funcionamiento de la administración pública. Debe además pronunciar un discurso político en que explique su actuación desde la máxima tribuna de la nación. Finalmente el presidente de la mesa directiva debe dar una respuesta breve y respetuosa, pero no lambiscona, al discurso del presidente.

Los países democráticos del mundo tienen formatos como éste para sus informes de gobierno. Es un verdadero error que en nuestro país se llegue a acuerdos para que, a cambio de que los legisladores no se agarren a golpes, despojemos a los ciudadanos del derecho que tienen de ser informados del desempeño del gobierno.