Los mexicanos tenemos buenas razones para sentir miedo cada vez que nuestro Congreso entra en sesiones. Si bien es cierto que las leyes en nuestro país son una madeja de contradicciones, los legisladores, lejos de simplificarlas, las enredan cada vez más. Esto es lo que estamos viendo en este periodo ordinario de sesiones que apenas empieza, pero que ya se ha vuelto trágico para los ciudadanos.

Por una parte, los diputados y los senadores nos han demostrado que poco les interesa la calidad de las leyes que estudian para su aprobación. Lo único que buscan es cómo sacar ventaja política de ellas. Así, esta semana pasada los priistas dejaron en claro que no ofrecerían su indispensable voto para la reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Calderón a menos de que los panistas accedan a la reforma electoral que el PRI ha impulsado en el Senado.

El mensaje es de tal nivel de hipocresía que cuesta trabajo creer que los legisladores piensen que esto es normal. Lo que nos dicen los priistas es que votarán a favor de la reforma fiscal, aunque sea mala, o no votarán por ella, aunque sea buena, dependiendo de si los panistas aceptan o no la reforma electoral. Es la lógica más falta de ética que uno pudiera imaginar.

Las dos reformas, sin embargo, son bastante malas y deberían ser rechazadas por los legisladores. La fiscal, lejos de crear una economía más competitiva, complica el pago de impuestos, le cobra más a quienes ya pagan, no toca a los evasores y castiga la creación de empleos. El gobierno, por otra parte, no se ha caracterizado por utilizar con eficacia los recursos, por lo que podemos esperar es que lo que se recaude con los nuevos impuestos seguirá desperdiciándose en gasto corriente y en programas de subsidio.

La reforma electoral tiene como objetivo fundamental cumplirle un capricho de Andrés Manuel López Obrador, que es la destitución de los consejeros del Instituto Federal Electoral, a quienes culpa de su derrota electoral del 2006. Otra parte de esa reforma es prohibir a los partidos la compra de anuncios en los medios de comunicación. Éste es un golpe para muchos medios de comunicación, especialmente las emisoras de radio más pequeñas que viven fundamentalmente de la publicidad política.

Pero esa prohibición no significa que los partidos vayan a dejarnos descansar a los ciudadanos de sus insulsas campañas de propaganda. De hecho, la nueva ley obligaría a las emisoras de radio y televisión a entregar a los partidos políticos un tiempo todavía mayor que el que actualmente les quita el gobierno por encima de los impuestos que ya pagan como cualquier otra firma privada. No hay, pues, un ahorro; los partidos simplemente les robarán su mercancía a unos particulares para evitar desembolsos de dinero.

Los engendros que los legisladores están creando se convertirán en una pesada e injusta carga para la sociedad en los próximos años. Por eso, cuando algunos ciudadanos exigen que los legisladores trabajen más, ya que sólo tienen sesiones de pleno dos días a la semana y períodos ordinarios de sesiones seis meses y medio al año, yo pienso que lo mejor sería darles vacaciones permanentes. Que se presenten sólo a cobrar en las quincenas y después se vayan a sus casas. Así le harían menos daño al país.