MIÉRCOLES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
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“Es una pena, una vergüenza, que, otra vez, no veamos el tema de la reforma fiscal en términos de la estructura de impuestos que permita mayor inversión, mayor incentivo para el trabajo, vaya, condiciones más fáciles para que los ciudadanos puedan vivir mejor.”


El paquete fiscal que se pretende negociar con los legisladores ha sido presentado como un medio para mejorar las finanzas públicas, por ende el clima de inversión y riesgo país, por ende un entorno económico con mayores posibilidades de crecimiento.

 

Asimismo, el nuevo universo de gravámenes generaría, según los supuestos de las autoridades financieras, una tasa de crecimiento más elevada así como una mayor creación de empleos, debido, dicen, al aumento en la inversión pública en infraestructura.

 

Francamente, no puede ser. O hay un as bajo esta complicada manga hacendaria o nos están tomando el pelo. Un escenario de crecimiento con reforma es superior por sólo 0.2 puntos porcentuales. Se mencionan diez razones (la mayoría, consecuencias macro de finanzas públicas más sólidas), diez efectos positivos, de la reforma fiscal integral. No hay una sola de éstas que mencione el asunto capital—o sea, que con esta reforma bajan los costos de transacción, o se facilita el entorno empresarial para, digamos, poder trabajar.

 

Otra vez, por enésima vez, el debate se ha degenerado a una disputa sobre cuantos recursos habrá para los gobernadores, para las dependencias, para la educación, para gasto social, para todo menos para lo más importante, o sea, las facilidades para llevar a cabo un proyecto de inversión productiva por parte de particulares.

 

Por un lado, para consolidar finanzas públicas sanas, no se necesita un impuesto a las gasolinas, o una mayor carga fiscal. Se necesitan tijeras fiscales valientes que recorten donde no hay necesidad de mantener un derroche presupuestal. ¿O acaso esta tarea fiscal no se encuentra dentro del arte de lo posible? Las autoridades han pecado, nuevamente, de petición de principio.

 

Otra gran petición de principio es la suposición que, a mayor gasto público, mayor oportunidad de crecimiento. Al contrario, a mayor tributación, menor gasto particular. Los nuevos ingresos del gobierno son nuevos egresos del contribuyente—por consiguiente, un costo de oportunidad, para las familias, para las empresas, para los particulares. ¿Acaso es un hecho que el gasto público (el cual de facto suele ser más privado que público) es más eficiente, más productivo, que el gasto privado (el cual de facto suele ser más público que privado)? Si ese es el caso, hasta valdría la pena quedarnos con nuestro mal conocido que uno potencialmente peor por conocer.

 

Este es un principio de sentido común: cada peso adicional que se tribute, que se gaste por un gobernador, un burócrata iluminado, un exquisito de la academia que vive del subsidio estatal, es un peso menos para el público general.

 

Esta semana se dio a conocer el Índice de Libertad Económica, que anualmente se elabora por parte del Fraser Institute, el Cato Institute, y varias otras instituciones en todo el mundo. Una conclusión importante del estudio es que, a mayor libertad económica, hay mayor probabilidad de mejorar el ingreso por habitante, de disminuir la corrupción, y de captar mayor inversión extranjera directa (véase www.freetheworld.com).

 

Es una pena, una vergüenza, que, otra vez, no veamos el tema de la reforma fiscal en términos de la estructura de impuestos que permita mayor inversión, mayor incentivo para el trabajo, vaya, condiciones más fáciles para que los ciudadanos puedan vivir mejor.

 

De plano, no entendemos; o así tenemos pintada la cara.

• Política fiscal

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