La Cámara de la Industria de Radio y Televisión llevó a cabo esta semana pasada su 49a convención anual en la ciudad de México. Aparentemente todo estaba como siempre. Asistieron el secretario de comunicaciones y transportes, Luis Téllez, el de gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el jefe de gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard. El presidente Felipe Calderón participó en una comida, como ha sido tradicional a lo largo de los años.

Pero la tensión estaba presente en el ambiente. El secretario de gobernación sermoneó a los concesionarios sobre la necesidad de mejorar los contenidos de televisión. Los líderes de las bancadas del Senado simplemente no asistieron.

La tensión, en un momento en que se discute una nueva Ley de Radio y Televisión después de la disputa en torno a la nueva legislación electoral, podía palparse en el ambiente. Quizá nunca antes ha habido una confrontación tan evidente entre los radiodifusores y los poderes del Estado mexicano.

Las discusiones en torno a la nueva Ley de Radio y Televisión son en buena medida técnicas. Pero las diferencias entre el Congreso y la industria pesan mucho. Los radiodifusores tienen muy presente las palabras del senador perredista Pablo Gómez quien amenazó con castigarlos con la nueva ley.

Quienes están participando en la redacción de los documentos saben que México debe adaptar su legislación para incorporar nuevas tecnologías. El punto más urgente es la digitalización de la radio, indispensable en un momento en que ya en Estados Unidos, país con el que compartimos un gran espacio de espectro radioléctrico, se ha iniciado el proceso de digitalización. Para las pequeñas estaciones de AM, que son las más afectadas por la prohibición de la publicidad política, la transición a la radio digital se ha convertido en una urgente necesidad. Sin ella, lo saben, simplemente morirán de inanición en los próximos años.

Los temas de la renovación de concesiones y la asignación de nuevas frecuencias son importantes también. Algunos políticos y activistas quieren que se cancelen las concesiones que tienen las principales televisoras, Televisa y TV Azteca, y que queden bajo control de grupos afines a ellos. Los dueños de las empresas emisoras buscan, por otra parte, certeza jurídica para continuar con su trabajo. En cuando a la asignación de nuevas frecuencias, un enorme grupo de aspirantes está ya pidiendo la suya. Ahí están el gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Congreso de la Unión (cuyo canal ahora sólo se distribuye por distribuidoras de paga) y un sinnúmero de organizaciones políticas y sociales.

El actual sistema de difusoras de radio y televisión, mientras tanto, se está manejando en medio de grandes vacíos jurídicos. La Suprema Corte de Justicia validó la mayor parte de la Ley de Radio y Televisión, pero anuló algunas disposiciones muy importantes. Hay casos en los que nadie sabe qué reglas hay que aplicar. Y el asunto se complica por el hecho de que los legisladores están preparando ya una nueva Ley para reemplazar la que se aprobó apenas el año pasado.

No es el mejor momento para la industria de la radio y la televisión. De hecho, quizá nunca antes había ésta operado en un ambiente de tanta incertidumbre.