Se han cumplido diez años de operación del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, de las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES, y de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, SIEFORES, todo lo cual ha sido, comparado con lo que se tenía antes, un paso en la dirección correcta, sobre todo por la sustitución del sistema de reparto (unos aportan a favor de otros) por el de cuentas individualizadas (cada uno aporta para sí mismo), lo cual supone un avance en materia de propiedad y, por ello, de libertad, ya que la primera, sobre todo en el campo de la economía, es la condición de posibilidad de la segunda.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así lo reconoció al afirmar que “las cuentas individuales reflejan los plenos derechos de propiedad que tiene cada trabajador sobre sus recursos…”, todo lo cual es cierto y apunta en la dirección correcta. Pero que algo apunte en la dirección correcta no quiere decir que ya haya llegado a la meta a la que debe llegar, lo cual en este caso supone que el gobierno reconozca plenamente, y garantice jurídicamente, eso que destaca Carstens, el derecho de propiedad sobre los ingresos y el ahorro, para lo cual falta mucho. Es más, el actual sistema atenta, de manera doble, contra la propiedad y la libertad. En primer lugar, por obligar a la persona a ahorrar y, en segundo término, por prohibirle el uso de los recursos ahorrados para un fin que no sea financiar el retiro.

La obligación de ahorrar, y la prohibición de usar los recursos ahorrados, ¿no violan la libertad y la propiedad? No cuestiono las bondades del ahorro, sino la obligación y la prohibición impuestas por el gobierno, que en este caso actúa, primero, como ángel de la guarda, que nos preserva del mal que supone gastar todo lo que se gana y, segundo, como hada madrina, que nos concede el bien que supone contar con suficiente dinero para el retiro. Insisto: no cuestiono las bondades del ahorro, sino el abuso de poder del gobierno que, independientemente de qué tan buenas sus intenciones, viola la propiedad y la libertad de los gobernados. Si el gobierno me obliga a ahorrar parte de mi ingreso, ¿ese ingreso es realmente mío? Y si el gobierno me prohíbe usar los recursos ahorrados, salvo para aquello que él considera que los debo usar, ¿ese ahorro es verdaderamente mío?

Con relación al ahorro para el retiro el gobierno nos trata de la misma manera que un padre trata al hijo pequeño, a quien quiere inculcarle la virtud del ahorro, trato que está muy bien cuando del padre y del hijo pequeño se trata, pero que está muy mal cuando los involucrados son el gobierno y los gobernados. Llegados a este punto más de un lector se preguntará, pero si no es el gobierno quien obliga a los gobernados a ahorrar, sobre todo para el retiro, ¿entonces quién los hará?, pregunta a la cual respondo con ésta otra: ¿necesariamente alguien debe obligar a los demás ahorrar? Va de nuevo: no estoy en contra del ahorro, ¡al contrario!, pero a lo que me opongo es a que el gobierno use su poder coactivo, que siempre se ejerce contra la propiedad y la libertad, para obligar a los gobernados a ahorrar, es decir, a hacerse el bien a sí mismos, que es, piénsese por un momento, uno de los mayores abusos que el gobierno comete contra sus gobernados.