Conversando con un amigo mexiquense, sin desearlo, obtuve información de primera mano sobre la corrupción en el sector ferrocarrilero mexicano, privatizado hace alrededor de diez años.

Esta persona se vio obligada a renunciar a un puesto de nivel medio en el área de compras de Ferromex -usufructuaria de la concesión del servicio de ferrocarriles que antes prestaba la desaparecida empresa de gobierno Ferrocarriles Nacionales de México- por presiones de sus jefes quienes estaban empeñados en favorecer a ciertos proveedores que ofrecían productos de baja calidad a precios exorbitantes.

Para nadie es un secreto que Ferronales se descarriló hacia la quiebra total por causa de la corrupción que abarcaba todas las áreas y todas las posiciones, desde el trabajador en vías hasta la oficina del director general. Los ferrocarrileros mexicanos acabaron, ellos mismos, su fuente de trabajo, que era al mismo tiempo el sistema de transporte de carga y pasajeros vital para una economía en despegue como lo pudo haber sido la mexicana.

Tanto Ferrocarriles Nacionales de México como sus empresas hermanas o subsidiarias –para el caso da lo mismo-, Ferrocarril del Pacífico y Ferrocarriles Unidos del Sureste, eran propiedad del gobierno mexicano y constituían un monopolio de estado, que por definición no admitían competencia y en consecuencia los altos costos, las pérdidas, las mermas, los persistentes retrasos, los accidentes, los robos y muchas otras más calamidades eran la constante que llevó, irremediablemente, al cierre y liquidación del organismo.

Mientras escuchaba a mi amigo relatar los múltiples casos de corrupción en la Subdirección de Compras y Contratos de Ferromex, mi mente se empeñaba en explicar la situación como propia de toda condición monopolística. Es decir, los costos extras de la corrupción estaban siendo cargados a los usuarios y en consecuencia a la economía y en consecuencia al consumidor final que somos usted y yo.

Un caso más, sin lugar a dudas, en el que un monopolio gubernamental se convierte en monopolio privado, manteniendo los cargos extras de la maldita corrupción y la ausencia de competencia en la contabilidad del subdesarrollo y la falta de competitividad.

A mi memoria acude el caso de una compañía minera canadiense que desde antes de iniciar operaciones en Sonora, es decir, apenas en la etapa de exploración, se vio obligada a entrar de lleno y sin recato en prácticas de corrupción, para poder continuar los trabajos de prospección, preparación y explotación de una concesión minera que le significaría ganancias fabulosas, lo cual queda demostrado en su rentable permanencia hoy en día.

Si a la justicia la dibujan como una mujer con los ojos vendados y sosteniendo en una mano una balanza y en la otra una espada, a mi se me ocurre que si tuviera que representar a la corrupción en México, de inmediato pensaría en una fea mujer, también con los ojos vendados, de dentadura enorme y pavorosa, pero sosteniendo en una mano un maletín retacado de billetes y en la otra una horrible garra de largas y afiladas uñas.

¡Infortunio de país en las garras de la ciega corrupción!