Demasiado tarde llegó la posición de Andrés Manuel López Obrador de rechazar el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe. El ex candidato presidencial ha señalado algo que todos sabemos, menos los políticos: el problema de las elecciones no son las leyes sino su aplicación.

El acuerdo entre los partidos políticos, sin embargo, es tan sólido que no ha habido marcha atrás. Algunos senadores del PRD se unieron a los de los partidos pequeños para oponerse a la aprobación del Cofipe el miércoles 5 de diciembre, pero la aplanadora montada por los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD surtió efecto y la iniciativa fue aprobada. Se ha mandado ahora a la Cámara de Diputados con la consigna de ser aprobada a más tardar el 13 de diciembre y sin ningún cambio, para cumplir con lo dispuesto por las enmiendas constitucionales que se aprobaron el 13 de noviembre.

Los diputados y senadores insisten en las virtudes de esta reforma; pero las inconformidades siguen aflorando. El Consejo Coordinador Empresarial interpuso ya, en efecto, un juicio de amparo. La Coparmex ha anunciado también su intención de ampararse contra la ley y se espera que algunos ciudadanos lo hagan en lo individual.

Muchos juristas sostienen que un amparo no puede proceder contra una enmienda constitucional, puesto que supuestamente no se puede declarar inconstitucional un artículo de la Constitución. Pero los abogados del CCE consideran que es tan grave la violación a las garantías individuales de la nueva legislación que no es posible no hacer un intento por detenerla.

El artículo sexto de la Constitución establece que la libertad de expresión “no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Los abogados del CCE sostienen que la nueva ley, al prohibir a los ciudadanos la contratación de tiempos en los medios para defender sus ideas o cuestionar a los políticos, y además darle al IFE la capacidad de censurar los mensajes políticos, constituye precisamente esa inquisición administrativa de la libertad de expresión que el artículo sexto prohíbe.

Los diputados y senadores descartan este argumento y dicen que su ley afecta la libertad de comercio pero no la de expresión. El coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, de hecho se ha burlado de quienes a través de los tribunales están buscando proteger sus libertades y ha calificado el juicio de amparo de la CCE como una “vacilada”.

Habrá que ver qué ocurre con este juicio. La tradición jurídica de nuestro país establece, efectivamente, que los tribunales no pueden conceder un amparo contra un artículo de la Constitución. Pero todos sabemos que hay muchas contradicciones en nuestra carta magna. Habrá que ver si los tribunales están dispuestos a conceder un amparo cuando una parte nueva de la Constitución viola una de las garantías más fundamentales que la Constitución siempre ha tenido.