La recta final del sexenio ya entró en marcha. Y ello significa, en el marco de las fobias naturales a los descalabros y los desequilibrios, que la administración debe hacer lo posible para “blindar” al país de las contingencias que puedan complicar, tanto el episodio electoral del año entrante, como la transición del poder. En principio, parece existir toda la voluntad de trabajar una recta final encaminada ha asegurar estos blindajes.

Empero, ¿cuales son? Hay por lo menos tres que se deben de contemplar. Primero, garantizar las condiciones necesarias para que la eventual transición de poder no genere un desequilibrio macroeconómico, léase, la tradicional crisis económica de fin de sexenio. Si bien nunca se pueden descartar todos los riesgos, es también cierto que el país disfruta de un clima sin antecedente en esta materia. La inflación es la más baja en tres décadas, ya en los niveles plenamente consistentes con tasas internacionales. Las variaciones cambiarias, ya sea para arriba o para abajo, actúan solamente como un precio más, sin ocasionar todas las paranoias cotidianas que vivíamos en el pasado.

Parecería, incluso, más probable un episodio de apreciación que de depreciación. Sin duda, habrá picos especulativos ligados al comportamiento de la política interna. Pero la marcha sólida del contrato monetario es un activo capital para absorber eventuales picos que se den en el mercado cambiario. Por el lado fiscal la relativa disciplina en las finanzas públicas, y estrategias preventivas como el pre-fondeo de las obligaciones denominadas en moneda extranjera, tanto para el 2006 como el 2007, son complementos fundamentales a esta tarea global de minimizar los riesgos de una erupción macroeconómica.

Un segundo blindaje es de carácter meta-político: asegurar que los resultados del próximo episodio electoral sean limpios, y más aun, de aceptación generalizada. Este es un desafío complicado, dado lo cerrado que se vislumbra la contienda presidencial, pero a la vez dada la existencia de ciertos huecos, o, en las atinadas palabras de Juan Pardinas, “coladeras” donde se pueda el fenómeno de manipuleo electoral. El papel del IFE, y de los tribunales que supervisen los resultados, enfrenta una prueba de fuego sin precedente: que los resultados de la primera elección presidencial después de la alternancia que se dio en el año 2000 sean aceptados por el consenso político, y la opinión popular.

Otro factor adicional que enfrenta la administración foxista de cara a la recta final del sexenio es dejar, en la medida de lo que sea posible, la mesa puesta para la nueva administración, en materia de crecimiento—desregular donde se pueda, eliminar todas las distorsiones que sean posibles, dejar las soluciones encaminadas en problemas como todos los pasivos contingentes, vaya, limpiar por lo menos una porción de este sucio panorama microeconómico, que obstaculiza las oportunidades de crecimiento. Los proyectos de la formalización de activos en sectores extra-legales, así como la simplificación de servicios de administración tributaria, son dos de varios ejemplos que se pueden considerar en esta tercera tarea. No es tanto, repetimos, un blindaje, sino la facilitar las condiciones de poder concluir estos cambios estructurales pendientes en el próximo sexenio.

En esta recta final, enfrentamos, todavía, el peso del clientelismo, de las promesas grandiosas, mesiánicas, de “construir un proyecto de nación.” En las palabras de otro buen amigo, el desafío no es tanto estar atado a un proyecto de grandiosas proporciones, de una arquitectura social de arriba hacia abajo, sino eventualmente de dejar que los ciudadanos puedan hacer sus propios proyectos, en sus espacios, en sus oportunidades, sin el peso del corporativismo que, a pesar de todo, nos sigue restando la oportunidad de hacer más, con menos, en menor tiempo—y, por lo tanto, de vivir mejor.