Un ejemplo clásico de diseño institucional exitoso para un acuerdo entre partes que se disputan un bien es el del pastel –finito, obviamente- que tienen que distribuirse equitativamente entre sí dos o más niños. El acuerdo exitoso consiste en que el niño que parte el pastel será el último en elegir. De esa forma, quien corta el pastel tiene el más poderoso incentivo para que las partes a repartir sean idénticas. Él pagará cualquier error en el corte, quedándose al final con la parte más pequeña. Su incentivo, entonces, está perfectamente alineado con el objetivo del acuerdo: que no haya un solo pedazo de pastel de diferente tamaño.

Hay principios de realidad detrás de este acuerdo exitoso como son, entre otros: 1. El bien a repartir es finito, 2. Es impensable que una de las partes se lleve todo, 3. Las “partes” jamás pueden ser el “todo”.

¿Qué sucede cuando una de las partes no se atiene a esos principios de realidad?  Que el acuerdo es imposible.

En el caso de la reciente reforma electoral el diseño de acuerdos ha estado viciado desde su origen porque la principal motivación para rediseñar reglas y mecanismos –incluida, desde luego, la nueva conformación del IFE- ha sido complacer al niño que jamás acepta acuerdos o los acepta a regañadientes para después desconocerlos. Ha sido aceptar como participante a quien, de manera reiterada, juega en dos pistas incompatibles: la institucional y la que llama a destruir las instituciones. Si el resultado le resulta insatisfactorio –y siempre le parecerá insuficiente porque quiere “todo” siendo, por definición, “parte”- recurrirá a descalificar el acuerdo. Su estrategia es pedir lo imposible.

Si las otras dos partes –PRI y PAN, por ejemplo- acceden a ofrecer lo imposible, está dada la primera vía segura para el desastre. Si a esto sumamos que, además, se posterga lo inevitable –reconocer de una vez por todas que el proceso electoral de 2006 ya concluyó con un ganador indiscutible, legal y legítimo-, el desastre es redundante.

¿No es estúpido seguir intentándolo?