Guayaquil (AIPE)- Los regímenes autoritarios necesitan meterse en el bolsillo a los militares y el Ecuador socialista del siglo XXI no es la excepción. Durante el primer año del gobierno de Rafael Correa ya hemos visto suficiente coqueteo entre el presidente y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas para concluir que lo que se busca es tenerlas de aliadas.

Desde octubre del presente año la acentuada politización de los militares se hizo obvia cuando el comandante de la marina Vicente Arellano declaraba que las Fuerzas Armadas comprenden y respaldan el cambio que vive el país con el gobierno de Correa. No nos sorprende que apenas dos meses después el presidente Correa premió a la marina con Petroecuador, movida similar a la del caudillo del Orinoco que le entregó PDVSA a los militares de su país. Asumo que Correa no sabe o no le importa que los marinos no están preparados para administrar el negocio petrolero, al igual que unos geólogos e ingenieros petroleros no están preparados para pilotear destructores y submarinos. 

Con la compra de esos aliados el actual gobierno también entrega más poder a individuos que debido a la naturaleza misma de su misión  --garantizar la seguridad nacional-- no tienen formación democrática.

“Vuestro deber como miembros de las Fuerzas Armadas es aportar al desarrollo comunitario, a la minga del civismo, a la ética de la palabra y del pensamiento, a proteger a la madre tierra, sin devoción por la Pacha Mama no hay futuro”, afirmó Correa, en un discurso en julio de este año. Esta cita demuestra una concepción del deber de los militares mucho más amplia de la que se contempla en la Constitución de 1998, la cual estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2007.

Según ese documento: “Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”. 

Aunque los regímenes militares se acabaron en 1979, cuando el Ecuador volvió a ser una democracia, las Fuerzas Armadas han conservado un poder económico y político poco común y poco recomendable en una república democrática.

La constitución de 1967 creó el marco institucional que permitió que las Fuerzas Armadas sean propietarias y administradoras de tantas industrias propias del sector privado, en una cantidad no vista en ningún otro país del hemisferio. Esto sorprende a los extranjeros, pero es ignorado por la gran mayoría de los ecuatorianos. Así, en Ecuador los militares son dueños de una aerolínea (TAME), una flota petrolera (FLOPEC), una empresa de acero (ANDEC), una bananera (DINEAGRO), una constructora de viviendas (DINMOB), una empresa de seguridad privada (SEPRIV), entre muchos otros negocios. Algunas de estas empresas compiten en el mercado bajo condiciones privilegiadas.

Las Fuerzas Armadas violaron su mandato bajo la Constitución de 1998, al no garantizar “el ordenamiento jurídico”. Sin ellos, la destrucción del Estado de Derecho y el establecimiento de un régimen autoritario en Ecuador no hubiera sido posible este año, sino que por el contrario ahora han declarado su respaldo a las decisiones de una Asamblea Constituyente con poderes dictatoriales.

El Socialismo del Siglo XXI, como lo hemos visto hasta ahora en Bolivia, Ecuador y Venezuela, requiere ser militarista para imponer su proyecto político, que al igual que el fascismo implica estatismo ilimitado. La insaciable concentración de poder coincide con el pensamiento de Mussolini: “Todo en el estado, nada fuera del estado, nada en contra del estado”. 

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