Es raro que, con tanta polémica alrededor de acelerar los niveles de crecimiento de la economía, tan poca atención se centre sobre el papel de los derechos de propiedad bien definidos como fuerza motriz del desarrollo. Cada año, y cada cuando, tenemos debates estériles sobre nuestro marco constitucional, sobre el capítulo económico, sobre como “no se puede” contemplar tal o cual cambio constitucional sin violar la soberanía nacional.

El gran historiador económico Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993, ha demostrado que el desarrollo económico a largo plazo depende de un marco de reglas del juego que permitan reducir la incertidumbre, por vía de “una estructura básica para la vida cotidiana.” Un marco de instituciones debe “definir las limitaciones diseñadas por el ser humano para dar forma a la interacción humana.”

¿Acaso existe esta noción en el capítulo económico del marco constitucional? Nos debemos preguntar, por ejemplo, sobre cláusulas tan aparentemente inocentes, llenas de retórica soberana, como el mandato en el artículo 25 que le otorga al Estado la planeación, conducción y orientación de “toda la actividad económica nacional.” Si este mandato sí se llevara a cabo, tendríamos el equivalente a un régimen de planificación central, hasta sus últimas consecuencias.

Empero, si el mandato está sólo de decoración semántica, tan ambiguo que carece de diente jurídico, entonces ¿para qué tenerlo presente? Su mera presencia no “da forma” a la interacción humana, al contrario, alimenta incertidumbre sobre si un futuro político se tome en serio la tarea de ejecutar la letra de la ley.

Otra cláusula, en el artículo 28, le otorga a nuestros legisladores el derecho pleno de decidir qué sectores califican como “estratégicos,” y qué actividades “prioritarias.” De nueva cuenta, prevalece la incertidumbre, siendo que los criterios lo que califica como tal son subjetivos, por naturaleza. El sistema bancario, las telecomunicaciones, los medios de difusión, la agricultura, el espectro radioeléctrico, el turismo, esto y tanto más es igual de “estratégico y prioritario” que las actividades ahora reservadas para manejo estatal.

Hasta nos damos el lujo constitucional de prohibir monopolios, pero decidir que la paraestatal petrolera no es monopolio, simplemente, porqué así dicta la Carta Magna—es decir, por arbitrariedad jurídica. Habría muchos otros ejemplos que considerar, varios de ellos que otros han detallado en forma sustancial, como nuestro colega Isaac Katz, tanto en estudios especializados, como en su columna en este portal económico.

Nuestra tesis es que, a pesar de todo, el tema de la incertidumbre sobre derechos de propiedad no figura en forma central en los debates alrededor del crecimiento. Habría que revisar nuestra tradición constitucional, y hacer más caso de la historia económica, para incorporar cambios constitucionales que den certidumbre a la actividad cotidiana—y que generen las condiciones jurídicas para desarrollo a largo plazo.

Un acto de intercambio, ya sea entre dos o dos millones de personas, presupone la institución del contrato, protección de derechos de propiedad y la idea de que una parte gana, sólo si la otra gana. La ausencia de un marco institucional que respete el derecho de propiedad (a las horas de trabajo y los frutos del trabajo) es fuente de incertidumbre en la actividad económica—y fuente de una asignación menos eficiente de recursos escasos.

Ese es el precio, entre tantos otros, de la incertidumbre constitucional.