Andrés Manuel López Obrador ha generado la madre de todos los condicionales: si se reforma el sector energético, de forma que signifique una participación de la inversión de riesgo de terceros en el régimen de energía, se cancela la oportunidad de la resistencia pacífica, y se estarán sembrando las semillas de la violencia social.

Esta posición es una petición de principio llevada hasta sus últimas consecuencias: si me desobedeces, mueres. Con este talibanismo, no puede haber consensos mínimos, no puede haber diálogo (o sea, ejercicio dialéctico de conversación entre dos o más agentes). Si diálogo es lo que requerimos, como han insistido tantos comentaristas políticos, éste ha quedado formalmente “cancelado” con la amenaza de violencia.

Los reformadores han respondido con un mensaje vago, hasta conformista: la idea de la reforma estructural debe comunicarse en forma más efectiva, con la estrategia de que una mejor comunicación permita educar a la población en general sobre los beneficios de estas reformas.

Este es un tema central, que exige un análisis detallado sobre las bases del diálogo político, las bases del contrato social moderno. Sin embargo, en un espíritu científico, de ensayo y error, debemos empezar a identificar los criterios relevantes no tan solo de cómo comunicar el mensaje de la reforma estructural (que en el fondo es elevar la productividad y con ello permitir que el consumidor pueda vivir mejor), sino de cómo hacer frente a los intereses especiales, los talibanes ultra-nacionalistas y otras fuerzas que se oponen a estas transformaciones.

Aquí enunciamos apenas algunos de varios criterios que pueden servir para dar una mayor fuerza “mercadológica” a las transformaciones propuestas. Entre ellos:

1. Los reformistas deben admitir los terribles errores del pasado. Varias reformas se presentaron como grandes transformaciones, otras se exageraron. La crisis cambiaria de 1994 es todavía considerada consecuencia del consenso de Washington (whatever that is). Se debe hacer un gran esfuerzo en explicar por qué fallaron las reformas (más bien (reformistas) del pasado, y explicar por qué lo que pasó ayer, y lo que se propone ahora, son dos cosas muy distintas.

2. Debemos hacer una “limpia” semántica generalizada. Las palabras desgastadas como “neoliberalismo,” “consenso de Washington,” y hasta “globalización,” por no decir la misma palabra odiada “privatización,” deben eliminarse del vocabulario de debate. Al igual, recomendaríamos la moratoria total sobre unidades como “IVA” o “Fobaproa.” Urge especificar una taxonomía de estas palabras “feas” y totalmente inútiles.

3. Al igual, debemos buscar un vocabulario ágil, que capture la finalidad del mensaje de las reformas (vivir mejor) en palabras o conceptos que puedan agilizar un sentido de urgencia—por ejemplo, “flexibilidad,” ciertamente “competencia,” “adaptabilidad,” la “sociedad abierta,” y por qué no, la siempre usada y abusada “libertad.”

Un criterio adicional es que con los revolucionarios que rehúsan dialogar racionalmente, y sentencian la violencia como solución a las diferencias, hay que responder con la lógica política, con un uso ocasional del ad hominem, y con contrapropuestas muy creativas, que se basen en voltear la moneda populista en forma efectiva.

Más de esto, y de mucho más, en futuras colaboraciones…