En un reciente Pesos y Contrapesos afirmé que lo dicho en el artículo 27 constitucional, en el sentido de que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, (y que) en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares” viola los derechos, por el lado de la oferta, a la libertad para emprender y a la propiedad sobre los medios de producción y, por el lado de la demanda, a la libertad de elección. Al respecto un lector, Gustavo Adolfo García, me señala lo siguiente: “Por un lado dice usted que la constitución mexicana vigente, consigna que es derecho exclusivo de la nación el generar, transmitir y demás bla, bla, bla (…) energía eléctrica, luego entonces, si ese es un derecho exclusivo de la nación, la misma nación no le concede a usted derecho alguno en la materia (…) de tal suerte que no puede usted argumentar de que le violen derecho alguno”, afirmación que parte del siguiente supuesto: es la Nación, encarnada en quienes redactaron el mentado párrafo de la Constitución, la que nos concede derechos, por ejemplo, a trabajar, invertir y emprender en la industria eléctrica, supuesto equivocado, ya que el derecho a emprender, invertir y trabajar es anterior y superior a cualquier ley, siendo la tarea de ésta reconocer, definir y garantizar esos derechos, ¡de ninguna manera concederlos! Es en este sentido que afirmo que lo establecido en el 27 constitucional viola nuestro derecho a ofrecer energía eléctrica, derecho que es anterior y superior a la ley, así se trate de la Constitución.

Afirmar, como implícitamente lo hace el señor García, que solamente tenemos aquellos derechos que nos otorga la Nación (preguntado sea de paso: ¿quién, para el efecto práctico de otorgar esos derechos, es la Nación?), es no reconocer que el ser humano tiene derechos naturales, con los que nace, y que la tarea de las leyes es reconocerlos, definirlos y garantizarlos, ¡no otorgarlos! Por ejemplo: yo soy libre, no porque la ley me otorgue la libertad, sino porque está en la naturaleza del ser humano serlo, libertad que incluye la libertad para trabajar, libertad para trabajar que incluye la libertad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, libertad para ofrecer electricidad que la Constitución no nos reconoce, razón por la cual viola el derecho a la libertad para trabajar, emprender e invertir en la producción de energía eléctrica, cuestión que, siendo de principio, tiene consecuencias negativas desde el punto de vista económico.

Además de lo anterior, el señor García pregunta, poniendo como ejemplo a Electricité de France, el modelo de quienes se oponen a la participación de los particulares en la oferta de electricidad, si “¿no sería mejor, pugnar por lograr aquí eso (una empresa gubernamental eficaz), en lugar de buscar soluciones mágicas de parte de los inversionistas privados?”, a lo cual yo respondo, en primer lugar, que pretender que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se vuelva una empresa gubernamental eficaz es, ¡eso sí!, buscar soluciones mágicas y, en segundo término, que la participación de los particulares en todos los sectores de la actividad económica, comenzando por los estratégicos, y en particular por la industria eléctrica, es, antes que una cuestión de eficacia económica, una cuestión de respeto a la libertad para trabajar, invertir y emprender. Es, antes que otra cosa, una cuestión de principio.

Supongamos que, por arte de magia, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, permaneciendo monopolio gubernamental, se vuelve productiva y competitiva, ¿se justificaría? No desde el punto de vista económico, ya que, si estuviera sujeta a la competencia, sería más competitiva, y tampoco desde el punto de vista del respeto a los derechos de las personas, ya que al ser monopolio gubernamental quedaría prohibida la participación de los particulares, prohibición que viola los derechos a la libertad para emprender y a la propiedad sobre los medios de producción.