En medio de la discusión sobre la reforma del sector petrolero mexicano, el secuestro del Congreso de la Unión por un grupo de fascistas encabezados por un esquizofrénico que está convencido que es un iluminado ungido por los dioses para guiar los destinos de México, que cree que se puede gobernar desde la plaza pública y cuya intención es derrocar al gobierno legítimo, un individuo que debería estar en la cárcel desde hace ya varios años por haber violado repetidamente las leyes del país, se generó una noticia que prácticamente nadie atendió: el informe 2007 de Transparencia Mexicana sobre corrupción.

De acuerdo a este informe, se estima que durante 2007 se llevaron a cabo 197 millones de actos de corrupción que representaron una erogación de los hogares por 27 mil millones de pesos, siendo los más afectados los de menores ingresos, que destinaron al pago de actos corruptos alrededor del 18% de su ingreso bruto, en actos que se concentraron principalmente en los rubros relativos a la provisión de servicios públicos.

Este informe es alarmante y solo representa la punta del enorme iceberg de corrupción con el que nos enfrentamos, ya que a estas cifras hay que agregar la corrupción por trámites que tienen que realizar las empresas ante las diferentes instancias de gobierno en sus tres niveles, más los actos de corrupción que se presentan en la realización de las obras públicas, también en los tres niveles de gobierno, más los actos de corrupción en los poderes judiciales, particularmente los estatales. México, dado su nivel de ingreso por habitante, es uno de los países más corruptos del mundo.

La corrupción de los funcionarios públicos, el uso del poder público para obtener un beneficio privado, es sin duda un enorme lastre con el que tenemos que cargar todos los días y que deriva, además de en una significativa pérdida en el bienestar de la población, en que la economía mexicana experimente, año tras año, un crecimiento notoriamente mediocre. Pero eso no debería sorprendernos; así fue diseñado este país. Un sistema político basado en el rentismo, con privilegios y prebendas para una enorme burocracia a cambio de lealtad política, derivaron en una maraña legal y regulatoria de la cual es prácticamente imposible escapar. Hacer negocios en México es notoriamente caro porque esta maraña le permite a la burocracia apropiarse, mediante la extorsión y el chantaje, de una parte del flujo de utilidades que generan los proyectos de inversión privada.

Estamos preocupados porque la economía mexicana es vulnerable a la desaceleración estadounidense, porque la infraestructura en México es insuficiente y obsoleta, porque los monopolios gubernamentales son notoriamente ineficientes, todos ellos elementos importantes para explicar por qué el mediocre desempeño de la economía mexicana pero no existe, al menos en el discurso público, nada que muestre que estén realmente preocupados por abatir la corrupción a través de una significativa mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno. Y por ello, seguiremos siendo un país subdesarrollado e inequitativo que permite la aparición de estos corruptos Mesías tropicales.