Fox propuso una lista de diez medidas para “fortalecer de manera permanente la estructura del abasto energético”, medidas que, de llegar a ponerse en práctica, fortalecerán (en alguna medida, pero no en la que se necesita) de manera permanente (por lo menos mientras no se dé marcha atrás) la estructura (que aún así requerirá un cambio estructural) de la oferta (que seguirá siendo insuficiente e ineficiente) de energéticos (cuya oferta debe ser eficiente y suficiente). Dicho con otras palabras: de ponerse en práctica tal y como lo propuso el presidente, el decálogo aliviará algunos de los efectos de la ineficiente estructura de abasto insuficiente de energéticos, pero no eliminará la causa del problema, y no lo hará porque los gubernamentólatras, aquellos que creen que el gobierno lo debe y lo puede todo, no están dispuestos a reconocer y garantizar, ni la libertad para emprender (por ejemplo: para invertir y generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica), ni la propiedad privada sobre los medios de producción (por ejemplo: las instalaciones, la maquinaria, el equipo, etc., necesarios para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad). Y esos gubernamentólatras abundan, sobre todo en el Poder Legislativo, sin olvidar que en este sexenio, y muy probablemente en los venideros, el Ejecutivo propone pero el Legislativo dispone.

¿Por qué hay que fortalecer la estructura del abasto energético? Porque la misma es débil. ¿Y por qué lo es? No porque carezcamos de los recursos naturales. No porque no haya capitalistas dispuestos a invertir en la industria energética. Entonces, si hay recursos naturales, y sí hay voluntad de parte de los capitalistas para invertir, ¿qué falta? Que el Estado, sus leyes y sus gobiernos reconozcan y garanticen, uno, la libertad de los capitalistas para emprender, ¡en cualquier actividad económica, petróleo y electricidad incluidas!, y, dos, la propiedad privada de los medios de producción, ¡en cualquier campo de la producción y el comercio, comenzando por la electricidad y el petróleo!

¿Quién es el Estado, sus leyes y sus gobiernos para prohibirle, a quien le diera la gana y tuviera los medios para hacerlo, invertir en la producción y comercio de energéticos, sobre tomando en cuenta, ¡y esto es lo primero que hay que considerar a la hora de analizar estos asuntos!, que ninguna de ellas es una actividad delictiva, es decir, que ninguna de estas actividades viola los derechos de terceros? Las únicas actividades que el Estado, sus leyes y sus gobiernos deben prohibir y castigar son las delictivas, que son las que atentan en contra de la vida (asesinato), libertad (secuestro) y propiedad (robo) de las personas, no siendo el caso de la producción y comercio de energéticos. Y, sin embargo, el Estado, sus leyes y sus gobiernos nos las prohíben, prohibición que explica, en muy buena medida, la debilidad de la estructura de abasto energético, cuyo fortalecimiento es, antes que una cuestión de productividad y competitividad, un asunto de libertad y propiedad.

Dos de las diez propuestas de Fox apuntan en la dirección correcta: reformas constitucionales con el propósito de complementar la inversión pública con inversión privada en exploración, explotación y actividades relacionadas con el gas natural no asociado al petróleo, y reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional con el objetivo de complementar la inversión pública con inversión privada en infraestructura de almacenamiento y ductos de petróleo y sus derivados, propuestas que ya han sido rechazadas por los gubernamentólatras, que consideran que las mismas apuntan hacia la privatización, a la cual se oponen, oponiéndose así a la libertad para emprender y a la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Es correcto? Y si no lo es, ¿qué vamos a hacer para remediar tanta arbitrariedad?