Con bombo y platillo, la semana pasada el Presidente Calderón anunció una nueva inversión de la empresa automotriz Ford, cuyo monto asciende a los 3 mil millones de dólares. ¡Muy bien! Más inversión, y por tanto más empleo y bienestar. Pero, quitémonos rápido la sonrisa, ¿A cuánto asciende el cuantioso subsidio para evitar que energéticos como la gasolina, el diesel y el gas no suban en 2008 (y por ende tampoco la inflación)? Aproximadamente a 20 mil millones de dólares, es decir, un desperdicio que cuesta más de 6 veces el beneficio recibido por la nueva inversión de Ford.

Lo anterior da cuenta de la tragedia de que los recursos naturales sean “de la nación.” Y es que esta frase no es más que demagogia pura. La frase “recursos que son propiedad de todos,” en realidad significa recursos que no son de nadie (perdón, sólo de los políticos que les meten mano a conveniencia y terminan por acabárselos irracionalmente), y que por tanto no existe el incentivo a explotarlos de manera rentable y racional. Para muestra, un botón, en aquellos bosques en donde se prohíbe su explotación (ó se hace muy difícil obtener permisos para explotarlos), lo que predomina es la tala clandestina. Caso contrario, en aquellos bosques en donde se definen correctamente los derechos de propiedad, la superficie forestal aumenta, pues es rentable y racional no sólo explotar al recurso forestal, sino que es conveniente tomar medidas para que éste no se agote (y no perder así los beneficios).

Recordemos, los derechos de propiedad para estar correctamente definidos deben de respetar tres características: derechos de posesión (un bien es mío, porque lo adquirí con esfuerzo propio, ó alguien más, por voluntad propia, me lo heredó y/o regaló), derechos de usufructo (tengo el derecho a sacar provecho, a hacer negocio con mi bien) y derecho de transferencia (tengo derecho a vender y/o arrendar mi bien).

La última característica de los derechos de propiedad (la de transferencia) además de ser muy importante, depende de que las dos primeras (posesión y usufructo) estén bien definidas, y es vital para que una economía de mercado funcione. La transferencia de la propiedad en el sector privado tiene importantes consecuencias. La primera de ellas implica que los costos y beneficios de las actividades económicas recaen directamente sobre el individuo. En particular, hay una alta correlación entre la estructura costo-beneficio y el esfuerzo económico que los particulares realizan. Si soy bueno satisfaciendo la necesidad de otros, obtendré más beneficios que costos. Caso contrario, si no cumplo con esto, entonces mis costos serán superiores a mis beneficios, por lo que tarde ó temprano deberé salir del mercado y cambiar de giro.

Otra importante implicación es que la transferencia de propiedad genera efectos de ventaja comparativa. Es decir, la diferencia que hay en habilidades y conocimiento entre las personas incentiva la especialización, con lo que la generación de riqueza aumenta.

En otros términos, como resultado de poder transferir una propiedad, es natural que los negocios privados sean más rentables y prósperos que los del gobierno, y esto es así, porque en el sector privado el poder transferir la propiedad permite a los particulares especializarse. Si yo no soy bueno en alguna actividad, puedo vender y/o liquidar mi negocio para que, tal vez otro particular, que tenga más talento que yo, lo haga rentable. Por mi parte, yo, tendré que asignar mis recursos a una actividad más rentable, en la que sea talentoso (y por tanto satisfaga una necesidad de otros). Por lo tanto, al final, la asignación de recursos es óptima. Ojo, esto no es un proceso de “felicidad,” es un proceso de libertad, en donde hay aciertos y errores. Lo importante es que los recursos, mientras se mantenga esta libertad de intercambiar, serán asignados de la manera más óptima.

¿Qué sucede con la propiedad gubernamental? La incapacidad de los individuos de comprar y vender su propiedad (misma que pertenece al gobierno bajo el lema “propiedad nacional”) dificulta la especialización y limita la detección y rectificación económica de errores cometidos. Por tanto, al final la creación de riqueza es menor, ó de plano nula. Esta es la tragedia de las viejas dictaduras comunistas, que limitaban de manera totalitaria y perversa el que las personas intercambiaran libremente sus propiedades (con lo cual se limitaba el desarrollo pleno de los talentos en el ser humano; por violar flagrantemente los derechos de propiedad, en las dictaduras comunistas eran muy raras las innovaciones tecnológicas). Increíble, pero a pesar de esta evidencia contundente, en México y América Latina hay quien todavía añora a los rancios sistemas comunistas.

¿Para qué este argumento jurídico-económico? Para que el lector entienda la tragedia de PEMEX como propiedad del gobierno, y en general la tragedia de los sistemas económicos de planificación central y/o estatista.

PEMEX se maneja con criterios políticos por una sencilla razón: la ausencia de derechos de propiedad. Dado que los funcionarios que manejan la paraestatal se designan con criterios políticos, aún cuando se trate de personas honestas y capaces, la ausencia de derechos de propiedad hace que el horizonte temporal de estos funcionarios sea muy corto, pues el período de tiempo al frente de su cargo depende del mismísimo período sexenal. Y dado que buena parte de las inversiones en materia petrolera rinden frutos en el largo plazo (que supera cualquier término sexenal), la maximización de la renta petrolera no coincide con el interés de los burócratas que administran a PEMEX, pues su perspectiva es excesivamente de corto plazo. Si a burócratas de visión cortoplacista, le agregamos la ausencia de rendición de cuentas de la paraestatal (por ser del gobierno y no de particulares), un sindicato prehistórico y corrupto, y gobiernos de los estados sedientos de riqueza petrolera, el resultado es ese adefesio corrupto e ineficiente que pierde mucho dinero, PEMEX.

Si se desea un PEMEX de excelencia, debe ser privatizado y obligado a que compita con otras empresas.

Si se desea un PEMEX medianamente rentable, hay que quitar las manos del gobierno (de los tres niveles) del mismo y sobre todo, definir los derechos de propiedad de la empresa petrolera, para que los ciudadanos participemos en la paraestatal como accionistas (y al fin, sí seamos realmente dueños) y vigilantes de que la riqueza petrolera se administra bien. A su vez, los funcionarios deberán ser elegidos con criterios estrictamente técnicos, y si rinden frutos, dejarlos continuar en el largo plazo (como se hace en cualquier empresa privada). Al sindicato de plano hay que renovarlo y atarle las manos.

Ya que no nos dejan a los mexicanos el tener la libertad de elegir entre varios proveedores petroleros (sería lo óptimo), al menos déjenos participar del monopolio, y así quitarle la renta petrolera a los políticos.

De no hacerse lo anterior, entonces la minireforma de PEMEX (si es que hay alguna), sólo servirá para que Calderón y gobernadores sigan de gastalones, de neopopulistas (Calderón ya planea construir 25 nuevas universidades, cuando lo óptimo sería invertir y mejorar la educación básica), de repartidores de los ingresos que pertenecen a los mexicanos. En el caso de los gobernadores, sólo hay que ver a Peña Nieto anunciando todo tipo de subsidios (dinero que proviene en buena medida del petróleo) para diversos buscadores de rentas agrícolas. Sí, ahí está también gastando millones en mensajes en medios de comunicación sobre sus programas populistas usando a la bella Angélica Rivera. Esa, es la maldición de PEMEX, esa es la maldición de la indefinición de los derechos de propiedad sobre recursos naturales como el petróleo, una verdadera “tragedia de los comunes”.