Uno de los partidos políticos de nuestro país está utilizando recursos públicos, y tiempos arrebatados a los medios de comunicación, para difundir un anuncio contra la “privatización” de Pemex en el que afirma que la venta de Teléfonos de México no significó una baja en los precios.

Todo este anuncio es, por supuesto, una gran mentira. La falsedad empieza con la afirmación de que el gobierno de la república está tratando de privatizar Pemex. La iniciativa del presidente Felipe Calderón, sin embargo, no plantea ninguna privatización, por lo menos no en el sentido que siempre ha tenido esta palabra, la cual significa vender una empresa o propiedad pública a un empresario privado. Ni un solo tornillo de Pemex sería vendido si se aprueba la reforma. El presidente propone solamente abrir algunas áreas de trabajo a la inversión privada, que es algo completamente distinto.

Mentira también es decir que la privatización –esa sí privatización, la venta de una empresa pública a una empresa privada—de Teléfonos de México no significó una reducción en precios o un beneficio a los consumidores mexicanos. Es posible que los precios de los servicios de telefonía se hayan mantenido congelados a lo largo de los años; pero en términos reales, una vez descontada la inflación, ha habido una disminución muy importante.

Tan solo entre 2001 y 2007 la baja en el costo real del servicio medido fue de 15 por ciento. La larga distancia nacional se redujo 19 por ciento y la internacional 39 por ciento. El precio del servicio de internet de alta velocidad cayó 74 por ciento y el de instalación de líneas comerciales 67 por ciento. Si en lugar de tomar las cifras de 2001 nos remontáramos a 1991, la fecha de la privatización de Telmex, las bajas serían mayores todavía.

Pero no sólo no han bajado las tarifas, sino que también han mejorado los servicios y de manera espectacular. Cuando Telmex era una compañía del Estado parecía estar en el negocio de negar el servicio telefónico. Si uno no era influyente, tenía que esperar años a que se le instalara una línea. Buscar a técnicos en las calles y cohecharlos para reparar líneas era una actividad normal.

Hoy Telmex ha regresado al negocio de ofrecer servicios de telefonía y además aporta otros, como el de internet. ¿Podría haber sido más acentuada la caída en los precios y la mejora en el servicio? Es posible, si los reguladores hubieran aplicado mejores reglas desde el principio. Pero decir en un anuncio que los precios de la telefonía no han bajado o que los consumidores no nos hemos beneficiado de la privatización de Telmex es una enorme mentira.

El problema es que, en los términos de la Ley Electoral aprobada el 2007 y cuya constitucionalidad está hoy considerando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nadie puede contratar tiempos de medios para contradecir las mentiras de este partido político o de cualquier otro.

El IFE, convertido en organismo censor, ha multado recientemente a un partido por decir en un anuncio que la toma de las tribunas del Congreso por los partidos del Frente Amplio Progresista era un acto violento. La afirmación podrá debatirse, pero sin duda tiene mucho de verdad, por lo menos cuando se le contrasta con las abiertas mentiras del otro anuncio, cuya legalidad nadie cuestiona.

Lo peor del asunto es que hemos creado un sistema en que los partidos pueden decir mentiras pero no cuestionar a otros partidos políticos. La reforma electoral ha sido por ello un enorme paso hacia atrás para nuestro país. No sólo viola la libertad de expresión, al impedir que se expresen califiquen o cuestionen las acciones de los partidos, sino que permite la divulgación de mentiras sin que se permita a nadie desmentirlas.