Bien hizo el Ministro Azuela, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reclamar la decisión que se tomó en torno a la decisión de no ejercer acción penal en contra de López Obrador por haber desacatado una sentencia del Poder Judicial Federal. La preocupación expresada por el Ministro en cuanto a la pésima señal que se envió respecto de haber sentado un muy peligroso precedente que pudiese derivar en futuros desacatos al Poder Judicial por parte de otros funcionarios públicos, en abierta violación a la Constitución, puso el dedo en una de las llagas más lacerantes, si no es que la más importante llaga que tiene nuestro país: la notoria debilidad del estado de derecho caracterizada por un marco legal notoriamente ineficiente y una notable impunidad en la comisión de delitos. Esta debilidad que históricamente ha caracterizado a México explica, en gran medida, el mediocre desempeño de nuestro país en el proceso de desarrollo económico, el por qué de la alta incidencia de pobreza y el por qué de la notoria iniquidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Sin embargo, y a pesar de la abrumadora evidencia que existe al nivel internacional de que entre más sólido es el estado de derecho, entre más eficiente es el marco legal y más eficiente es la protección y garantía de los derechos privados de propiedad, entre mayor es el grado de libertades individuales, mayor también es el nivel de desarrollo económico, los políticos mexicanos se niegan a hacer lo necesario para que nos movamos en esa dirección.

La semana pasada los políticos mexicanos, desde el Presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, varios diputados y senadores y hasta el jefe de gobierno del Distrito Federal, se han rasgado las vestiduras reclamando la decisión, errónea pero al final de cuentas soberana, que tomó la Cámara  de Representantes de Estados Unidos para ampliar la barda fronteriza entre ese país y México para tratar de evitar así el flujo de emigrantes, mexicanos y de otras nacionalidades, hacia ese país. El reclamo de que la construcción de la barda no resuelve el problema migratorio es válido, más sin embargo no es válido quedarse únicamente en el reclamo y no hacer lo que se requiere internamente para generar las condiciones, dentro de la propia economía mexicana, para generar suficientes fuentes de empleo con una remuneración creciente y reducir así el flujo migratorio. La mayoría de nuestros políticos han estado más preocupados por avanzar sus propias posiciones, por cuidar de sus propios intereses, que en dotar a la economía de un arreglo institucional que sea conducente para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico. Y esta actitud es la que hemos visto durante los últimos ocho años, periodo durante el cual prácticamente se ha hecho muy poco para hacer a la economía mexicana más eficiente y más productiva, para hacer que la economía se expanda a tasas sostenidamente más elevadas.

Si los políticos mexicanos estuvieran realmente preocupados por el bienestar de la población, más allá de la retórica populista del “bien común”, ya se habrían puesto a trabajar para sacar adelante las llamadas “reformas estructurales de segunda generación”. ¿Dónde está la reforma tributaria que incentive el trabajo, el ahorro y la inversión? ¿Dónde está la reforma energética que introduzca elementos de competencia en electricidad, petróleo y gas tal que reduzca los costos para las empresas y los consumidores? ¿Dónde está la reforma en telecomunicaciones que rompa con las prácticas monopólicas de TELMEX? ¿Dónde está la reforma de la legislación laboral que elimine el sesgo en contra de la mano de obra y el sesgo en contra de la modernización tecnológica de los procesos de producción? ¿Dónde está la tan prometida desregulación de los mercados que le quite a los burócratas la capacidad de apropiarse, a través del chantaje al que sujetan a las empresas privadas, de parte de las utilidades que estas empresas generan? ¿Dónde está, al final de cuentas, la construcción de un íntegro estado de derecho, la construcción de un entorno institucional en el cual los mexicanos seamos realmente libres para elegir lo que nos conviene a cada uno de nosotros, seamos productores o consumidores?

Tenemos una clase política “de quinta” y, en consecuencia, allí está el resultado: un desempeño económico poco menos que mediocre.