La última barrera al restablecimiento de la censura en nuestro país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es difícil saber, sin embargo, cuál será la actitud de los ministros ante la imposición de un régimen de censura por parte de la clase política que ha recurrido para ese propósito a una enmienda constitucional.

Durante mucho tiempo en México hubo una censura amplia y abierta sobre la expresión de las ideas, pero curiosamente los propios funcionarios que la aplicaban estaban conscientes de que estaban violando la ley. El artículo sexto de la constitución era tajante cuando señalaba que en México la libre manifestación de las ideas no sería objeto de “ninguna inquisición administrativa o judicial”.

A lo largo de los últimos años, sin embargo, los ciudadanos fuimos ganando muchos espacios de libertad frente a los políticos. Empezamos a tener la posibilidad de criticarlos y de cuestionarlos. Esto incomodó a muchos de ellos y quizá por eso optaron en el 2007 por restablecer un régimen de censura. Sin embargo, ante los cambios que ha sufrido nuestro país, se dieron cuenta de que no podían promulgar leyes que permitieran la censura mientras la Constitución siguiera garantizando la libertad de expresión. Decidieron así modificar algunas partes de la carta magna con el fin de impedir amparos contra la censura.

La nueva censura, cuyo principal instrumento de inquisición es el Instituto Federal Electoral, el IFE, empieza ya a aplicarse y a afectar a distintos grupos políticos y a los ciudadanos mexicanos. El Frente Amplio Progresista (FAP), la asociación de partidos políticos que incluye al Partido de la Revolución Democrática de Andrés Manuel López Obrador, se enfrentó así al hecho de que ya no podía contratar tiempos en radio o televisión para lanzar una convocatoria a una reunión en el Zócalo de la ciudad de México con el fin de discutir la propuesta de reforma petrolera del presidente Felipe Calderón. El Partido Acción Nacional del presidente Felipe Calderón se encontró con que no podía calificar de violenta la toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del FAP. El último acto de censura abierta ha sido la decisión del IFE de prohibir que Andrés Manuel López Obrador se autodesigne como “presidente legítimo”. A ninguna organización ciudadana o independiente, por otra parte, se le permite ya contratar tiempos en los medios para expresar sus ideas o principios.

El problema de la censura, como vemos, rebasa ideologías. El IFE ejerce una censura que no discrimina ya entre tendencias políticas: busca, simplemente, evitar la expresión de puntos de vista.

Varias organizaciones y personas han considerado esta situación inaceptable y han promovido demandas de amparo contra la nueva legislación. Algunos jueces y tribunales han rechazado estas demandas pero otros las han aceptado. La Suprema Corte, sin embargo, ha pedido a los tribunales que las estaban considerando que se las envíen para estudiarlas en su conjunto.

La Suprema Corte, por votación de siete a cuatro, ha optado por no estudiar una controversia constitucional presentada por los partidos Convergencia y Alianza Nacional. Pero en los próximos días considerará las demandas de amparo de varios grupos empresariales y de un grupo de intelectuales. De la decisión de la Corte dependerá si México regresa o no a los tiempos de la censura. Porque queda claro que los diputados y senadores no cambiarán una ley que piensan que los beneficia a pesar de afectar la libertad de expresión de los ciudadanos.