Este pasado 2 de julio se cumplieron dos años de la elección más cerrada y más controvertida en la historia de México. Las heridas, sin embargo, no han cicatrizado.

A Andrés Manuel López Obrador, el candidato perdedor, el IFE le ha prohibido presentarse a sí mismo en tiempos contratados de radio y televisión como el “presidente legítimo” de México. Pero la prohibición no ha debilitado su convicción de que él fue víctima de un fraude. Y no está solo. Más del 25 por ciento de los mexicanos, según una encuesta de Consulta Mitofsky, siguen considerando que López Obrador fue el candidato que más votos obtuvo en la elección presidencial del 2006. La cifra es un poco inferior a la de 30 por ciento del 2007, pero sigue siendo muy importante.

Un trabajo de investigación del politólogo José Antonio Crespo señala que las propias actas que tenemos disponibles reflejan un número muy elevado de inconsistencias. La mayor parte de éstas pueden ser muy menores: simples errores aritméticos o de procedimiento producto de la complejidad del sistema electoral mexicano y de la falta de preparación de muchos de los ciudadanos que actúan como funcionarios de casilla en los días de elección. Pero aun así, la idea de que las autoridades mexicanas cometieron un error al no abrir un número mayor de paquetes electorales se vuelve cada vez más fuerte.

La ley electoral mexicana, quizá porque nuestros legisladores han estado siempre acostumbrados a ocultar las huellas de fraudes, establece que los paquetes electorales deben ser destruidos una vez que concluya la elección. La legislación, sin embargo, no establece un plazo para esta destrucción ni limita lo que pudiera hacerse con los paquetes en el tiempo antes de su destrucción.

Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información nos da a los mexicanos el derecho a conocer todos los documentos que surjan de la actuación gubernamental, excepto aquellos que pongan en riesgo la seguridad nacional y divulguen información personal. Los paquetes electorales tienen información que debe estar cubierta por esta legislación.

La Suprema Corte de Justicia, entre muchos otros temas que tiene frente a sí en estos momentos, debe decidir si permite o no que se destruyan los paquetes electorales y definir si es posible o no fotografiarlos o revisarlos antes de que eso ocurra. Es un caso típico en el que dos leyes se contraponen: por un lado la electoral y por el otro la de acceso a la información.

Los ministros de la Corte tendrán que tomar en cuenta muchos factores legales para tomar la decisión final. Pero es claro lo que le conviene al país. La transparencia es siempre la mejor medicina para las dudas. Y las dudas sobre la legalidad de la elección del 2006 siguen presentes y le hacen daño al país.

Yo estoy convencido de que Felipe Calderón ganó la elección presidencial del 2006 de manera justa y legal. Mi idea surge de la información disponible del proceso que he podido examinar. Pero mientras no se permita ese examen de los contenidos de los paquetes electorales, la duda persistirá. Por eso apoyo de manera abierta el que los paquetes electorales sean registrados en un medio electrónico antes de ser destruidos.

La decisión le toca a la Suprema Corte. Pero espero, como millones de mexicanos, que su fallo sea el que le conviene al país.