Mientras los ojos del mundo están fijados en la fiebre expansionista de Vladimir Putin en Georgia, otro tipo de asalto contra la democracia está recibiendo escasa atención. Pero es igualmente alarmante.

México está inmerso en una guerra a muerte contra el crimen organizado. La semana pasada, otros seis agentes de las fuerzas del orden fueron asesinados mientras cumplían con sus obligaciones en la lucha contra los carteles de narcotráfico del país. Ya se han producido 4,909 muertes en la ofensiva del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado desde diciembre de 2006.

Muchos de los fallecidos han sido mafiosos, pero también han caído periodistas, políticos, jueces, policías, militares y civiles. Para entender lo violento que se ha vuelto México, recordemos que el total de estadounidenses muertos en Irak desde marzo de 2003 asciende a 4,142.

Los secuestros y el robo a mano armada también se han disparado. En Tijuana, una epidemia de secuestros ha provocado un éxodo de familias de clase media-alta que han cruzado la frontera con Estados Unidos en busca de seguridad.

Tal y como esta columna ha señalado en repetidas ocasiones, una razón por la que la seguridad se ha deteriorado tanto en décadas recientes es la demanda estadounidense por narcóticos ilegales, así como las severas medidas del gobierno estadounidense para cerrar la ruta caribeña del tráfico. Los cárteles mexicanos han surgido para satisfacer la demanda estadounidense y sus ganancias los han vuelto ricos y bien armados.

Las víctimas de las matanzas de la semana anterior incluyen al subdirector de policía del estado de Michoacán y a uno de sus hombres, un detective del estado de Chihuahua y un subdirector de policía del estado de Quintana Roo. Hasta julio, 449 policías y personal militar habían muerto en la ofensiva de Calderón, algo que pone de relevancia el precio que México está pagando por la "guerra contra las drogas" estadounidense. Su costo, sin embargo, va mucho más allá de las pérdidas humanas.

En un país desarrollado como Estados Unidos, la prohibición representa una carga para el imperio de la ley, pero no lo colapsa. En México, donde una democracia recientemente revivida trata de reformar instituciones tras 70 años del gobierno autocrático del Partido Revolucionario Institucional, la influencia corruptora del dinero de las drogas es más perniciosa.

Según el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, parte de la explicación de la oleada de secuestros se puede atribuir al éxito de las operaciones del gobierno contra los que transportan drogas, conocidos como mulas. Medina Mora me contó en febrero que esperaba que la presión produjera una fragmentación de los cárteles, guerras entre grupos rivales y un incremento de otras actividades delictivas para compensar los menores beneficios del tráfico de drogas.

De ser cierto, la ola de secuestros podría ser una señal de que la estrategia de Medina Mora está funcionando. Sin embargo, cuando los investigadores federales recientemente señalaron a un policía de Ciudad de México en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el hijo de 14 años de un rico empresario, la teoría de Medina Mora perdió parte de su credibilidad. En lugar de ser el trabajo de criminales desmoralizados, los secuestros, al menos en la capital, parecen ser tan sólo uno de los negocios operados por una maquinaria bien engranada con enlaces institucionales.

Ricardo Medina, uno de los principales editorialistas de México y el editor de El Economista, el principal periódico financiero del país, me dijo el jueves que el caso demuestra que "al margen de la guerra contra la droga a tiroteos, hay un problema de infiltración en las instituciones por parte de criminales y corruptos. Incluso los criminales capturados a menudo acaban en libertad", dice Medina, y todas las ramas del gobierno comparten responsabilidad por la crisis de impunidad. Es cierto que los jueces pueden ser intimidados o sobornados, pero también es cierto, por ejemplo, que bajo la ley mexicana el secuestro no es un crimen federal y, por lo tanto, es manejado por las autoridades locales. Con frecuencia, las víctimas no quieren presentar cargos porque existe la percepción de que la policía local y el gobierno local también están involucrados.

Tal percepción ha resultado fortalecida por el caso Martí, pero el problema de la impunidad no es nuevo. Tal y como escribió Medina, "la impunidad está a la vista de todos, día tras día. Todos la vemos incluso hasta el punto de responder con sonrisas de ironía o encogernos de hombros".

¿Por qué no ha sido atajada? Una posible explicación que circula en Ciudad de México es que la policía distrital y el resto de la burocracia del distrito representan un electorado importante para el gobernante Partido de la Revolución Democrática. Si las bases del PRD prefieren el status quo, hacerle frente a la corrupción supone un alto riesgo político.

Las ganancias que representan las drogas para el crimen organizado no hacen más que complicar la situación. En un artículo para el Milken Institute Review, el ex diplomático Laurence Kerr toma una página prestada de la historia de Estados Unidos. "Estados Unidos ha estado en los zapatos de México: impregnado de la bonanza de las ventas ilegales de alcohol, el crimen organizado penetró completamente el sistema judicial estadounidense durante la Prohibición. Mientras los estadounidenses sigan enterrando en dólares a los traficantes de drogas mexicanos, el progreso en la lucha contra su comercio seguirá siendo limitado". Desgraciadamente, las reformas institucionales en México también se verán limitadas y la cifra de muertes seguirá en ascenso.

*Artículo cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales