Cuántas veces hemos visto lo mismo. Ocurre una gran tragedia que deja conmocionada a la población y súbitamente los políticos empiezan a moverse frenéticamente, tratando de hacer en un tiempo muy corto lo que debería haber sido su responsabilidad desde un principio.

Uno podría aceptar este comportamiento si por lo menos llevara a la aplicación de medidas duraderas para lograr objetivos que beneficiaran a la sociedad. Pero la experiencia nos dice que, una vez olvidada la tragedia que provocó la conmoción, los políticos bajarán la guardia y regresarán a sus conductas anteriores.

Ahí está el caso de la discoteca News Divine. Sólo la muerte de 12 jóvenes inocentes y policías hizo que el gobierno del Distrito Federal suspendiera los operativos de extorsión que se llevaban a cabo constantemente en centros de diversión de jóvenes y que las autoridades responsables prestaran realmente atención a las inspecciones de seguridad que deben realizarse en esos lugares. Ahora ha tenido que ser el secuestro y la muerte del joven Fernando Martí lo que ha llevado a políticos federales y capitalinos a tomar medidas para atacar una ola de crimen que debió haberse enfrentado desde hace mucho tiempo.

En los últimos días, efectivamente, hemos visto una verdadera andanada de anuncios con los que los políticos pretenden combatir la delincuencia y en particular el secuestro. Primero fue el presidente Felipe Calderón, quien en un mensaje transmitido por los medios trató de echarles la culpa al Senado y al Congreso por el secuestro al advertir que los legisladores no habían aprobado una iniciativa que incluía castigos más severos para los secuestradores. El presidente anunció, además, que presentará nuevas iniciativas que establecerán la cadena perpetua para ciertos tipos de secuestro.

Mientras tanto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, respondió con la eliminación de los retenes, para impedir que la gente sea engañada por secuestradores que con uniformes de la policía pretenden estar a cargo de estos operativos. Ebrard ha tomado también medidas para reemplazar a la policía judicial por una policía investigadora y ha introducido un nuevo programa para que los ciudadanos puedan llamar por teléfono a un número de emergencia en caso de secuestro.

Algunas de estas medidas no parecen ser más que posturas políticas. Aumentar las sanciones por secuestro de 60 años a cadena perpetua, como pretende el presidente, difícilmente persuadirá a alguien de no cometer un crimen, mientras que echarle la culpa al Congreso por las fallas en el combate al crimen, lo cual es una responsabilidad del ejecutivo, resulta por supuesto absurdo.

Los retenes tienen muchos aspectos negativos, pero también han ayudado a encontrar a secuestradores y a detener a delincuentes armados que de otra forma se moverían sin problemas de un lugar a otro. Modificar el nombre de una corporación policial tampoco ayudará en nada a combatir el secuestro, en tanto que contar con un sistema de llamadas de emergencia puede ser una buena idea siempre y cuando las autoridades tengan la capacidad de reaccionar con velocidad ante las llamadas de auxilio.

Lo que más pena da, sin embargo, es el intento por aprovechar la muerte del joven Martí. Mucho más honesto sería que los dos ejecutivos reconocieran que se equivocaron al permitir que el secuestro creciera para convertirse en un problema tan grave y que en lugar de hacer grandes anuncios se dedicaran en silencio a atacar a las bandas de secuestradores. Los mejores políticos no son los que anuncian buenas intenciones sino buenos resultados.