A lo largo de más de tres horas, la clase política de nuestro país nos sometió este pasado 21 de agosto a una avalancha de discursos políticos, pronunciados en un incomprensible lenguaje burocrático, con el propósito de sellar un acuerdo nacional para combatir la inseguridad y el crimen.

El propósito de la reunión, que tuvo lugar en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, era evidentemente político. De otra manera se habría registrado un encuentro privado entre especialistas y jefes policíacos para desarrollar estrategias de lucha contra el crimen. En lugar de eso vimos una reunión a la que asistió toda la clase política nacional y en que muchos de los protagonistas políticos hicieron todo lo posible por ganar notoriedad al presentarse a sí mismos como funcionarios o políticos realmente preocupados por el combate a la violencia.

En medio de los discursos aburridos e incomprensibles se destacó, sin embargo, la voz sensata, natural e incluso dura de Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando fue secuestrado en junio y ejecutado por sus captores: “Si piensan –dijo-- que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien; pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción.”

De la reunión surgió un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad compuesto de 74 medidas, las cuales habían sido acordadas previamente por los líderes políticos presentes en Palacio Nacional, que pretenden atacar de fondo el problema de la inseguridad y en especial del secuestro. Las acciones que contempla el pacto son muy diversas. Se plantea la creación de nuevas leyes enfocadas especialmente al secuestro, la construcción de nuevas cárceles, la depuración de los cuerpos policíacos, la creación de nuevos centros de evaluación y certificación de policías y el establecimiento de un “observatorio” ciudadano que permitirá sistematizar y hacer pública la información estadística sobre el crimen.

Algunas de las medidas son mejores que otras, pero lo importante en estos casos no es la calidad de las medidas sino la voluntad para aplicarlas. Por eso se han establecido tiempos y responsables para cada una de ellas. La idea es que, en sesiones subsecuentes del llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, se valoren los avances o problemas de cada una de estas medidas.

Los mexicanos tenemos buenas razones para desconfiar de los grandes pactos políticos que se firman ante las cámaras de televisión, más con el propósito de obtener ganancias políticas que de resolver los problemas concretos que enfrenta el país. Pero la delincuencia se ha convertido en un problema tan grande, y con consecuencias humanas y económicas tan importantes, que el Estado mexicano no tiene más opción que hacer un esfuerzo a fondo para enfrentarla.

Yo no sé si el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad representa el camino correcto. Ciertamente me habría sentido más confiado si, en lugar de una gran reunión de políticos hubiéramos visto un trabajo de especialistas y jefes policíacos, o si en lugar de los discursos incomprensibles de los políticos hubiésemos escuchado más pronunciamientos concretos y claros como los de Alejandro Martí. Esperemos, sin embargo, que de las alturas políticas se logren aterrizar estas medidas en acciones concretas que realmente permitan derrotar el mayor problema del país, que es la inseguridad.