JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008
En busca de la credibilidad

¿A quiénes deben ir dirigidos los apoyos por parte del gobierno en esta crisis provocada por el Covid19?
A las personas
A las empresas
Sólo a las Pymes
A todos
A nadie



El punto sobre la i
“El gobierno es un mal necesario”
Thomas Paine


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“Debemos entender que en el momento de la averiguación previa los acusados tienen mejores posibilidades de dar a conocer su punto de vista que la autoridad. Las procuradurías, sin embargo, están impedidas en muchos casos de dar a conocer la información sustantiva que las está llevando a presentar las acusaciones.”


Las instituciones de justicia de nuestro país están enfrentando el reto más grande de su historia con las investigaciones sobre la llamada Banda de la Flor y los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Fernando Martí, de 14 años de edad. La sociedad les está exigiendo cumplir en encontrar a los responsables de un crimen que conmocionó al país. Lo peor de todo es que, por lo menos en términos de la opinión pública, las procuradurías están teniendo que enfrentar este reto con las manos atadas.

 

Hay un principio jurídico en nuestro país que establece que las averiguaciones son secretas y los juicios privados. Hasta cierto punto este principio tiene un sustento sensato. Cuando se investiga un delito es importante mantener sigilo debido a que se debe evitar que se divulgue información que pueda alertar y facilitar la huida de presuntos responsables, pero también porque un investigador debe considerar información sobre muchos presuntos responsables de hechos delictuosos que después resultan inocentes. Una investigación revelada prematuramente puede afectar la fama pública de una persona sin que al final se recaben los elementos que pudieran llevar a su consignación.

 

El principio, sin embargo, nunca se ha cumplido cabalmente. Muchas veces se revelan en nuestro país datos surgidos directamente de las averiguaciones previas. Lo peor de todo es que usualmente se divulga sólo lo que le conviene a la autoridad o a los abogados de alguna de las partes, por lo que difícilmente la población se puede hacer una idea cabal de la complejidad de un caso con esta información parcial. Después, cuando llega el juicio, no se da a conocer todo el expediente del caso, con lo cual la gente nunca llega a tener certeza de si una acusación o una condena están realmente bien sustentadas.

 

En el caso de la Banda de la Flor han sido arraigadas varias personas, entre las que destacan Sergio Ortiz Juárez, presunto líder de la organización, quien se encuentra recluido en un hospital víctima de un atentado, y Lorena González Hernández, quien fuera integrante de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y posteriormente, como ha quedado ya demostrado, de la Policía Federal Preventiva.

 

Los familiares de estos dos presuntos responsables han tomado su defensa públicamente en los medios y está bien que lo hagan. Los medios de comunicación cumplen precisamente su labor cuando dan a conocer todos los puntos de vista en este tipo de casos, incluso de acusados o presuntos responsables pero cuya culpabilidad debe todavía probarse. De esta manera los medios evitan los abusos de la autoridad. Las procuradurías, sin embargo, están impedidas en muchos casos de dar a conocer la información sustantiva que las está llevando a presentar las acusaciones. Los periodistas debemos entender, por lo tanto, que en el momento de la averiguación previa los acusados tienen mejores posibilidades de dar a conocer su punto de vista que la autoridad.

 

Esperemos que a pesar de estos obstáculos al final los ciudadanos podamos tener la certeza de que las acusaciones que presentan las procuradurías están bien sustentadas. Nosotros los gobernados somos los primeros interesados en que las procuradurías recuperen la credibilidad perdida.

• Impunidad

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