Hay la mal concebida noción de que los años del Presidente Bush en la presidencia han sido caracterizados por una actitud negligente respecto de la regulación. En gran parte, este mito parte de la retórica del presidente y aquellos funcionarios elegidos por él, quienes han enfatizado las costosas cargas que constituyen las regulaciones para los negocios.

Pero la realidad ha sido muy distinta: una regulación pesada continua, con una creciente pérdida de rendición de cuentas y efectividad. Eso es gobernabilidad disfuncional, no laissez-faire.

Cuando se trata de la regulación financiera, por ejemplo, hasta antes de la crisis de los últimos meses, el gobierno hizo poco para alterar la estructura que regulaba el mercado y que había sido construida a lo largo de décadas. Los bancos continúan siendo gobernados por una mezcla de reglas y agencias que incluyen a la Oficina del Controlador de la Moneda, los acuerdos internacionales de Basilea acerca de los estándares para capitales, las autoridades estatales, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Los bancos cotizados en la bolsa, al igual que las corporaciones, están sujetos a la Ley Sarbanes-Oxley.

Y las leyes que han existido por años—como la Ley de Publicación de Hipoteca para Vivienda y la Ley de Reinversión Comunitaria—ayudaron a promover la proliferación de préstamos hipotecarios de alto riesgo. Tal vez la distorsión de más largo plazo en el mercado de viviendas vino del código tributario: la antigua deducción por el interés de la hipoteca, la cual promovió la inversión exagerada en bienes raíces.

En resumen, había hartas regulaciones —aún así gran parte de éstas empeoraron las cosas. Estas leyes e instituciones deberían haber moderado el riesgo bancario mientras que promovían la transparencia financiera, pero no lo hicieron. Esta deficiencia—no una política juiciosa de laissez-faire—es donde el gobierno de Bush se equivocó.

Sería injusto, sin embargo, culpar solamente a los Republicanos por estos fracasos regulatorios. Los Demócratas tienen una larga historia de favorecer, sin titubear, la expansión de propiedad de hogares, lo cual ha contribuido a los excesos de Fannie Mae y Freddie Mac, los gigantes hipotecarios ahora humildes.

La privatización de Fannie Mae sucedió desde la administración de Johnson, la cual quería librarse de las deudas de esa agencia. Pero ahora, por supuesto, el gobierno debe hacerse cargo de la deuda de la agencia. Hasta esta primavera, los Demócratas en el congreso estaban presionando para que haya requisitos capitales más débiles para las agencias hipotecarias. La realidad regulatoria era que pocos políticos estaban dispuestos a intercambiar las ganancias económicas de corto plazo—específicamente, tasas más altas de propietarios de hogar—por una protección en contra de riesgos financieros a un plazo más largo.

Aún así, las numerosas críticas por parte del gobierno de Bush a la regulación palidecen por los números, que demuestran un interés sólido en una continuación y aumento de las regulaciones. Esta es la lección de un estudio reciente, “Regulatory Agency Spending Reaches New Height” por Veronique de Rugy, investigadora titular del Mercatus Center de la George Mason University, y Melinda Warren, directora del Weidenbaum Center Forum de la Washington University. (Nota: La participación de la Srta. de Rugy en este estudio estuvo bajo mi supervisión). Para el presupuesto fiscal propuesto para el 2009, el gasto por parte de las agencias reguladoras crecerá en un 6,4 por ciento, similar al crecimiento del año pasado y continuando una tendencia expansionista de largo plazo.

Para la categoría de regulación de finanzas y banca, el gasto ajustado a la inflación ha aumentado en un 43,5 por ciento entre 1990 y 2008. No es poco común que el Registro Federal publique más de 70.000 o más páginas de regulaciones nuevas cada año.

En otras palabras, la regulación financiera ha producido muchas leyes y mucho gasto pero con malas prioridades y poco éxito en utilizar las leyes más importantes para evitar el desastre. Esto nos recuerda cómo los legisladores muchas veces parecen más interesados en construir nuevas carreteras—las cuales son proyectos altamente visibles—que en mantener las viejas.

La desregulación financiera más importante en los últimos tiempos fue una implícita —específicamente, que los fondos soberanos y muchos otros nuevos y exóticos instrumentos financieros han crecido en importancia pero se han mantenido en gran parte sin regulación. Es cierto que estas instituciones contribuyeron a la severidad de la crisis de Bear Stearns y a la relacionada crisis global de crédito. Pero no es obvio que el sector financiero menos regulado se desempeñó en cualquier manera menos satisfactoria que los sectores de vivienda o la banca—los cuales son altamente regulados—incluyendo, por supuesto, a las agencias hipotecarias auspiciadas por el gobierno.

En otras palabras, la regulación que teníamos no funcionó muy bien.

Hay dos maneras de interpretar esta historia: La primera es que, con el beneficio de poder mirar hacia atrás, uno podría argumentar que necesitamos una voluntad política más fuerte para regular cada esquina de las finanzas y evitar la crisis.

Bajo la segunda interpretación, la cual yo prefiero, los reguladores nunca estarán en una posición para evaluar o adivinar precisamente muchas de las transacciones más importantes del mercado. En finanzas, trillones de dólares cambian de manos, los jugadores del mercado son muy sofisticados, y gran parte de la actividad sucede afuera de EE.UU. —o podría fácilmente suceder así.

Bajo estas circunstancias, el verdadero asunto es establecer prioridades sólidas para la regulación para prevenir los fraudes y para promover la transparencia en el mercado, dado que el escrutinio del gobierno nunca será universal ni cercano a eso. Identificar los sectores no regulados mirando hacia atrás no es una guía útil para saber qué hacer la próxima vez.

Ambos candidatos presidenciales han respaldado la reforma regulatoria, pero todavía no han indicado que ésta será una prioridad. Eso no es sorprendente. Arreglar estos problemas podrá parecer una manera muy abstracta de ayudar al ciudadano promedio, y seguramente requerirá de enfrentamientos con algunos intereses especiales. Es más fácil decirle a los votantes que los reguladores se han encargado del problema del año anterior, aún si es que eso no logra nada para el futuro.

Mientras tanto, si usted oye pedidos para más regulación, sin una explicación clara de por qué la regulación falló en el pasado, tenga cuidado. Es probable que consigamos más regulación con todavía menos rendición de cuentas e inclusive menos enfoque en resolver nuestros verdaderos problemas económicos.

*Artículo cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales