“El secuestro de García Valseca fue despiadado, según afirma un amigo que estuvo cerca de las negociaciones. Los secuestradores le dieron un balazo en un pie y grabaron la escena en video para enviarla a sus familiares y exigir un rescate millonario. El video se lo enviaron con un recado que decía algo así: A ver vieja cabr… pague el rescate de su marido. Déjese de cuentos.

“Dos semanas después, los guerrilleros le dieron otro balazo en un brazo y lo grabaron en video para enviarlo otra vez a los familiares.

“Los tratos que le dieron fueron inhumanos. Los secuestradores lo metieron en un féretro de concreto y ahí lo mantuvieron encerrado durante periodos muy largos. Eduardo sólo tenía diez centímetros de espacio frente a su cara y cinco centímetros a sus lados, explicó un amigo. Era una caja de muerto de concreto que no estaba recostada en posición horizontal, sino que estaba inclinada, haciendo un ángulo como de 45 grados.

“Estuvo secuestrado durante casi ocho meses y fue liberado a finales de enero del 2008.”[1]

¿Sabe usted que los angelitos que le impusieron el infierno al empresario Eduardo García Valsecal fueron los terroristas del Ejército Popular Revolucionario (EPR)? Y ¿sabía usted que mientras Eduardo García Valseca permanecía secuestrado y era torturado, funcionarios del gobierno de Felipe Calderón negociaban impunidades con los caballeros del EPR?

Pues si no lo sabía, ahora ya lo sabe.

Desde octubre de 2007 empezaron las negociaciones secretas con el EPR en las que intervino el mismísimo amigo íntimo y principal operador de Calderón, Juan Camilo Mouriño (fallecido en el desplome del avión en que viajaba el 4 de noviembre de 2008). El gobierno quería que el EPR cesara los atentados terroristas contra ductos de PEMEX, como los ocurridos en junio y septiembre de 2007, que causaron pérdidas por más de 2 mil millones de dólares. Y en efecto, desde que se iniciaron las negociaciones los sabotajes cesaron, al tiempo que el gobierno cancelaba todo intento de detener a los plagiarios de Eduardo García Valseca y de otras víctimas del EPR.

En entrevista concedida a Mario Vázquez Raña el 9 de marzo de 2008, Mouriño, que para entonces ya era Secretario de Gobernación, aseguró que “el Estado mexicano no dialoga con grupos subversivos o terroristas y simplemente aplica la ley” y por supuesto mentía sin el menor rubor.

El 22 de abril de 2008, José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, denunció que el gobierno negociaba en lo oscurito con el EPR. El gobierno al principio lo negó, pero después no tuvo más remedio que admitirlo de manera implícita, cuando anunció que iniciaba negociaciones con el grupo subversivo a través de un comité de admiradores.

En realidad estamos ante un patrón consiste de claudicación del Estado mexicano ante el terrorismo, que ya cumple 20 años.

A pesar que desde los inicios de la administración de Carlos Salinas había claros indicios del resurgimiento de la subversión en Chiapas, el gobierno fue incapaz de someter a los terroristas comunistas y de impedir la sublevación en ese estado en enero de 1994. Peor aún: una vez estallada la rebelión el gobierno, en lugar de aplicar la ley, claudicó y se puso a negociar con los subversivos. Desde entonces una parte del territorio nacional ha estado sustraído a la soberanía del Estado mexicano.

El gobierno fue igualmente incompetente para aplastar a los terroristas que no participaron directamente en la sublevación en Chiapas, pero que una vez estallada ésta realizaron en solidaridad una serie de atentados con explosivos ( se trataba de militantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino - Unión del Pueblo, que sería la base de lo que después se conocería como el EPR).

El gobierno de Ernesto Zedillo fue incapaz de enfrentar al Ejército Popular Revolucionario tras la ola de atentados en agosto de 1996. El gobierno de Vicente Fox fue todavía más ineficaz, negligente y claudicante, pues por un lado desató una cacería de brujas contra los agentes del Estado que reprimieron con métodos tanto legales como ilegales a la subversión en los años setenta (¡mientras los terroristas en receso ahora son hasta senadores!), no desarrolló ninguna estrategia consistente contra la subversión y toleró el prolongado motín organizado por lo subversivos en la capital del estado de Oaxaca en 2006.

No pasa semana sin que altos funcionarios del gobierno de Calderón salgan a decir que ni negocian ni negociarán con el crimen organizado. Y cabe preguntarse si el inquilino de Los Pinos o sus colaboradores habrán leído el Código Penal Federal o la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El artículo 2 de dicha Ley establece que “cuando tres o mas personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada” y señala en primer término al delito de terrorismo.

Los colaboradores de Calderón tienen meses negociando tanto en forma secreta como pública con los terroristas del EPR, es decir, con criminales organizados según la definición de la ley, con lo cual han incurrido en responsabilidades administrativas, políticas y penales, a menos que puedan señalar qué parte de qué ley dice que el Presidente y sus colaboradores tienen facultades para negociar con delincuentes en lugar de perseguirlos.

Pero el apapacho calderonista a los terroristas no se reduce al EPR. El gobierno de Calderón se ha negado a ejercitar acción penal contra los integrantes de las células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, parte de los cuales fallecieron durante el ataque que - en ejercicio de su derecho a la autodefensa - Colombia realizó contra un campamento terrorista en Ecuador, el 1 de marzo de 2008.

Lucía Morett una de las integrantes de la célula Ricardo Flores Magón de las FARC (quien sobrevivió al mencionado ataque contra el campamento terrorista en Ecuador), acaba de regresar de su cómodo “exilio” en Nicaragua y ha sido recibida como heroína por sus contlapaches del PRD y el PT y ni siquiera ha recibido un citatorio de la PGR para aclarar sus nexos con sus camaradas terroristas.

Por cierto, a finales de febrero de 2007 una organización islamista vinculada a Al-Qaeda amenazó a México con atentar contra sus plataformas petroleras si seguía vendiendo hidrocarburos a Estados Unidos. En marzo de 2007 las “Milicias Ricardo Flores Magón”, una de las caretas de la célula Ricardo Flores Magón de las FARC en México, le hizo la siguiente sugerencia a sus compadres de Al-Qaeda: “Dejen de andar buscando atentar contra las plataformas petroleras (…) Les proponemos mejor lanzar sus ataques contra Arturo Sarukhán Casamitjana, Andrés Rozental Gutman, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Luis Rubinsky, Jesús Reyes González Garza”.

La historia ha demostrado que las políticas de apaciguamiento y claudicación ante los terroristas no hacen sino alentar más terrorismo. Y eso es lo que Calderón hace: alentar al terrorismo.

Si alguien me pidiera enumerar las cinco mayores amenazas actuales a la seguridad nacional de México, no dudaría en incluir a los terroristas del EPR, a las FARC en México (por cierto vinculadas al EPR), a Los Zetas (los narco-terroristas ligados al gobierno de Hugo Chávez), al movimiento de López y… al gobierno de Calderón, por supuesto…