Este mes se cumplen sesenta años de la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Un documento con el cual, tras el horror nacionalsocialista de la Segunda Guerra Mundial, se buscó establecer un código ético compartido por todo el mundo. Sin embargo y pese a las buenas intenciones que pudieron tener los que la redactaron la Declaración supone, por su contenido, un grave error.

Es un documento que está lejos de limitarse a reconocer a los hombres como iguales ante la ley y dotados de derechos individuales (vida, libertad y búsqueda de la felicidad) como se hizo en la Declaración de la Independencia de Jefferson. Por supuesto, la sociedad estadounidense de 1776, celosa de sus libertades, nada tiene que ver con el mundo de la postguerra sumido en el totalitarismo político y en el intervencionismo o socialismo económico.

La DUDH rechaza la concepción de derechos individuales basada en el principio de la no agresión, en el principio de que todo hombre tiene derecho a hacer consigo mismo y con sus propiedades lo que quiera siempre y cuando trate a sus semejantes mediante relaciones voluntarias y no mediante la agresión.  Por supuesto, a simple vista esto parecería no ser así. De hecho, los primeros veinte artículos reconocen, en lo general, los derechos individuales. La igualdad de derechos y ante la ley, el derecho a la vida, la libertad, la imparcialidad de la justicia, la propiedad privada, la circulación y la avocación.

El problema radica en los últimos diez artículos que no hacen otra cosa que eliminar los primeros. En ellos encontramos un completo aval al colectivismo, a la idea de que los hombres son siervos de la sociedad y que reviste estas ideas de un carácter universal.

El articulo 22 afirma que toda persona tiene derecho a obtener “mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional (…) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es decir, que una persona tiene derecho a obtener la satisfacción de sus necesidades mediante el esfuerzo que han realizado otros. Los que le siguen no hacen sino confirmar eso al pugnar por el derecho a estar empleado o recibir una pensión, a recibir una educación y servicios sanitarios gratuitos o a tener vacaciones pagadas. En definitiva el derecho a ser un parásito, a consumir lo que otros han producido.

Además no dudan en insistir en el uso del adjetivo “digno” para referirse a todos aquellos servicios y bienes a los que uno tiene aparentemente derecho. Sin embargo, hay dos problemas con el uso del mismo. El primero surge al preguntarnos ¿qué es una vida digna?, ¿qué es un salario digno?, ¿qué es una vivienda digna? Alguien tiene que decidirlo y eso otorga a los políticos un enorme poder. El segundo problema es el de que es imposible compatibilizar la dignidad con la universalidad de los derechos, ¿acaso una vivienda “digna” hace tres mil años sería considerada digna hoy?

Como conclusión, para poder ejercer una efectiva defensa de nuestros derechos es necesario abandonar esta declaración que pretende una universalidad imposible, un fatuo concepto de dignidad y una sociedad donde los “derechos” de unos se ejerzan a costa de otros. Defender nuestros derechos es en cierto sentido defender el lema de la bandera de Gadsden “DON´T TREAD ON ME” (“déjame en paz”). Es decir, defender nuestro derecho a vivir libres de las agresiones de terceros.