Todavía se sigue hablando en forma increíble, de las mal llamadas "privatizaciones", particularmente las del caso argentino en la década de 1990. Sin embargo, la realidad es que, ni económica ni jurídicamente existieron -al menos en el caso argentino- privatizaciones en dicho período. Lo que hubo fueron concesiones de servicios públicos a empresas mixtas (asumiremos que el lector conoce el concepto de empresa mixta, por lo que no vamos a desarrollarlo aquí).

Intentaremos dar una breve explicación de las diferencias existentes entre una concesión y una privatización, tratando de no incurrir en tecnicismos jurídicos-económicos, ya que se tratan, precisamente, de conceptos jurídicos económicos y que por su carácter técnico el común de la gente desconoce.

La concesión es una figura jurídico-económica que básicamente consiste en la cesión por parte del Estado de la gestión o explotación de determinados servicios o recursos que se transfieren de la órbita estatal a la órbita privada. La característica sobresaliente de la figura de la concesión (que es uno de los contratos administrativos típicos como sabe cualquier estudiante de derecho) es que la titularidad, es decir, la propiedad de los activos, permanece en cabeza del gobierno sin transferirse a los particulares o privados. La privatización, por el contrario, es precisamente lo opuesto, ya que en una privatización la transferencia de la titularidad de los activos es completa, en otras palabras, el gobierno cede la propiedad a los particulares (sean estas personas individuales o empresas) de los activos y, obviamente, también la gestión o explotación de los mismos.

La concesión implica el pago de un canon del concesionario (privado) al concedente (gobierno); de modo tal, que tampoco fue cierto que el gobierno dejara de percibir ingresos de las pésimamente llamadas "empresas privatizadas", por el contrario, el gobierno cobró sumas siderales en tres conceptos a saber: la concesión en si misma, incluyendo pliegos de licitación, honorarios profesionales y demás gastos; en segundo lugar, por el ya mencionado canon locativo; mensualmente, las empresas concesionarias debían abonar un canon al Estado por el contrato de concesión y en último término por impuestos, ya que al salir de la esfera estatal, los servicios concesionados, las empresas privadas (concesionarias en rigor) debían tributar impuestos como cualquier otro contribuyente. Y todo esto ocurrió sin que el gobierno dejara de ser el dueño de los recursos, como erróneamente se sigue afirmando en la actualidad. Esto fue lo sucedido en la Argentina de los años 90.

El caso argentino de esa época (y hasta la fecha en que se redactan están líneas) es del primer caso, una concesión, toda vez que el estado nacional en momento alguno se desprendió de la titularidad de los bienes (a saber; electricidad, servicio telefónico, gas, ferrocarriles, aerolíneas, energía, recursos hídricos, etc.); como se ve, es enteramente falso que se haya "privatizado" bien o servicio estatal alguno; el gobierno siguió conservando la titularidad-propiedad completa y absoluta de dichos activos cediendo o técnicamente, concediendo su gestión y explotación a terceros privados.

¿Por qué se habló entonces de "privatización" y no de lo que realmente sucedió, es decir, de concesión? Mi opinión es que pudo deberse a dos motivos: ignorancia o mala fe. Estos temas son bastante técnicos, pero no resulta demasiado complejo, bien explicado, lograr que buena parte de la gente los entienda; ocurre que los medios periodísticos sobre todo, se largaron a hablar de "privatización", incluso sectores del gobierno de entonces también señalaban a la concesión como "privatización", quedará pues la duda en cuáles casos se hacía eso por ignorancia de la diferencia entre una figura y la otra, y en qué otros casos la "confusión" era deliberada y mal intencionada. No se nos escapa, que sectores de izquierda, tan propensos ellos a desfigurar el sentido de las palabras y crear lexicografía propia, hayan contribuido a la marea de la mezcla de términos y conceptos. Pero también es posible y tengo muy fundadas sospechas, que en la mayoría de los casos la gente simple, alentada por la prensa y algunos malos políticos, sin que faltaren "profesores" universitarios, ignorara la diferencia que existe entre una figura y la otra.

Por cierto, que esta diferencia entre concesión y privatización no es sutil, por el contrario, es fundamental; en Argentina se considera que todos los males del mundo comenzaron para el país con estas medidas. Lo cierto es que, curiosamente, los gobiernos que se sucedieron al digamos gobierno de los años 90, y que en teoría, eran de signo contrario a las supuestas "privatizaciones" no modificaron en un ápice aquel régimen. Las razones son obvias, si se tiene en cuenta las pingues ganancias que el régimen de concesión dejó al gobierno concedente y a los que le siguieron, tanto al gobierno radical que siguió al peronista de los 90, como los dos gobiernos peronistas que sucedieron al radical a comienzos de la década siguiente. Este hecho, a su vez, admite otra lectura, a saber: los políticos son muy cautos en tomar medidas impopulares, pueden tomar una, dos o tres ocasionalmente, pero si todas las políticas que adoptan, son unas tras otras de neto corte impopular, cualquier gobernante sabe que sería completamente suicida en política hacer una cosa así. Y esto debemos enlazarlo con lo que dijimos antes, respecto de que ninguno de los tres gobiernos que sucedieron al "peronista concedente noventista", ni el radical de la alianza, ni los dos gobiernos peronistas "populistas" que le siguieron, incluyendo al actual, tocaron el régimen de concesión descrito.

La otra lectura es que, de modificarlo en forma sustancial, la medida sería altamente impopular y negativa.

Y esto último porque, con todo lo malo que tiene una concesión frente a todo lo bueno que tiene una privatización, es innegable que los servicios públicos mejoraron en elevado grado si bien a un costo bastante alto, desde la época en que el gobierno lo hacía todo, es decir, poseía los recursos, las empresas y otorgaba los servicios. Lo habitual, en la época de las empresas estatales, eran servicios malos, y hasta pésimos, o -incluso- inexistentes, gasto público creciente y galopante, coimas, corrupción y despilfarro; son muy conocidas las anécdotas de aquel entonces de los cortes de luz, sumas y esperas siderales para conseguir una línea telefónica, trenes atrasados o parados, falta de gas en invierno y miles de problemas a la que la gente estaba sometida con el Estado "empresario".

La reflexión que cabe hacer aquí es que, si como dijimos, con todo lo malo que tiene una concesión, al menos esos problemas se solucionaron, debería pensarse que excelente calidad tendrían los servicios públicos si algún día fueran realmente privatizados, es decir privatizados de verdad y no simplemente concesionados como lo fueron. Pero sin querer pecar de pesimista, creo que, al menos en el futuro inmediato, no podremos verlo, ya que la campaña contra el fantasma de una "privatización" que jamás existió excepto en los discursos y en la prensa, además del imaginario popular, no solo continúa sino que cada vez es más fuerte. 

Realmente, a la postre, concesionar los servicios públicos fue una medida negativa; debió haberse hecho una privatización lisa y llana, autentica y no haberse quedado en la simple concesión, ya que en rigor, ni jurídica ni económicamente nada cambiaba respecto del estado empresario anterior. La concesión fue una manera de obtener recursos que los gobiernos, tan aquel del 90 como los que les siguieron hasta hoy, explotaron al máximo en su propio provecho y en desmedro de la población. Además, se cometió la enorme torpeza de otorgar concesiones por cifras varias veces millonarias a empresas mixtas, como dijimos antes, de origen extranjero; no es criticable que fueran extranjeras, las inversiones exteriores deben ser siempre bienvenidas en un país como Argentina de descapitalización crónica e histórica; lo criticable y reprobable del caso es que la mayoría de esas empresas extranjeras concesionarios eran empresas estatales, con lo cual se dio y se da, la ironía que de haber estado en manos de empresas estatales los servicios mencionados pasaron a estar concesionados a empresas extranjeras pero, además, estatales.

Desde luego nada de lo que sucedió tuvo que ver ni con el liberalismo ni con el capitalismo, como la siempre enfermiza prédica de la izquierda colectivista recita en sus interminables letanías. Las únicas explicaciones posibles a todo ello siguen siendo dos: o ignorancia o mala fe. Y teniendo en cuenta que, el actual gobierno presume de "popular" e "izquierdista", debería llamar a la reflexión a sus seguidores entusiastas; que no acometa acción alguna contra tales concesiones, más cuando ellos insisten en mal llamarlas "privatizaciones", con lo que la incoherencia del accionar, tanto del gobierno como el de la izquierda que lo sigue y se jacta de popular, es mayor aun.