La imagen de violencia y el tema del “Estado fallido” se han convertido, más allá de la crisis internacional, en los principales obstáculos para desarrollar confianza en el clima de inversión. Están afectando turismo, están afectando planes de inversión.

Un caso anecdótico: en días recientes, una inversionista, presidente de un fondo de inversión “ángel” (vaya, un fondo que invierte, desarrolla, opera, en fin, inversión que se la juega del primer al último centavo) suspendió llamadas de capital para un proyecto de almacenamiento en el estado de Baja California, por temores reales sobre el impacto de la violencia en los puntos turísticos de la zona.

Una lógica triste, pero real: “un acto violento o extremo,” nos decía, “y todo para en seco, perdemos todo.” Mejor, decía esta persona, entusiasta de invertir en nuestro país, esperar.

Estos casos se pueden repetir ad nauseaum. Sin embargo, hay dos factores que se encuentran fuera del control inmediato de las autoridades mexicanas, que explican, en gran parte, la fuente del problema con el régimen de violencia que vive el país. Por un lado, la prohibición de los narcóticos en la sociedad estadounidense genera fuertes incentivos para servir un mercado inmensamente lucrativo, protegido por barreras de entrada, con demanda inelástica—o sea, un escenario perfecto para los negocios con altos márgenes de rentabilidad: un mercado de facto cuasi monopólico.

La guerra contra las drogas solo ha servido para exacerbar la rentabilidad del mercado de narcóticos. La demanda sigue, pero como no hay competencia, se pueden cobrar precios muy por arriba de lo normal.

Por otro lado, es irónico que las mismas armas que usan los narcotraficantes para proteger su mercado, y su vocación, se adquieran en su mayoría por las enormes facilidades que existen al norte de la frontera de poder comprar ese equipo. Es decir, proveedores de insumos esenciales, más el mercado de consumidores, se encuentran en la misma sociedad que condena nuestro entorno como violento, fallido y corrupto.

Ciertamente, como dice Héctor Aguilar Camín, debe existir corresponsabilidad. Hablar de combatir las drogas, y los narcotraficantes, es políticamente rentable. Pero en la experiencia de los últimos treinta años, el saldo de la guerra contra las drogas es negativo, sino desastroso. El consumo, con todo y todo, no ha variado; y el mercado de productores ha crecido, tanto en sofisticación, como en sus extremos de violencia.

El llamado para “legalizar” o despenalizar el uso de narcóticos tiene una lógica poderosa. No es la panacea. Habría un nuevo problema de salud. Pero es probable que esta alternativa sea (bastante) “menos mala” que el curso actual, destinado al fracaso, probado así por los hechos.