¿Qué sucede cuando el gobierno, además de garantizar derechos, defiende intereses? Que necesariamente beneficia a unos y perjudica a otros, lo que cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que, por beneficiar a unos, perjudica a otros?

Buen ejemplo de lo anterior es el proteccionismo, es decir, cualquier medida que el gobierno aplique para limitar o eliminar la competencia en los mercados, en beneficio de los oferentes que enfrentarán menos competencia, y en perjuicio, uno, de los consumidores, quienes verán reducidas sus opciones de consumo y, dos, de los oferentes, nacionales y extranjeros, a quienes, el proteccionismo, les impide participar en el mercado protegido. En el caso de los consumidores se viola la libertad para consumir y, en el de los oferentes, la libertad para emprender.

El objetivo del proteccionismo no es garantizar un derecho sino defender un interés. ¿De quiénes? De los oferentes de bienes y servicios, cuyo interés es que el gobierno limite, en el peor de los casos, o elimine, en el mejor, la competencia que enfrentan en el mercado, con el fin de poder aumentar el precio y obtener una renta, es decir, una ganancia mayor de la que obtendrían si el gobierno no los hubiera protegido de la competencia. ¿Y todo ello a costa de quién? Del consumidor, quien tendrá que pagar un precio mayor del que hubiera pagado en ausencia del proteccionismo y en presencia de la competencia. ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que, por defender los intereses pecuniarios de unos productores, limita el bienestar de los consumidores?

La tarea del gobierno es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, derechos de todo ser humano, razón por la cual dicha tarea es incluyente. Desafortunadamente, los gobiernos, y el mexicano no es la excepción, además de reconocer, definir y garantizar derechos, se dedican a defender intereses, sobre todo pecuniarios, mismos que, precisamente por serlo, son antagónicos (el productor quiere vender al mayor precio posible y el consumidor comprar al menor), razón por la cual su defensa es una tarea necesariamente excluyente o, para decirlo más claramente, discriminatoria (si el gobierno defiende el interés del productor va en contra del interés del consumidor, y viceversa), lo cual me lleva, de nueva cuenta, a preguntar ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que discrimina entre sus gobernados?

Además hay que tener presente que si el gobierno defiende intereses, entonces no puede reconocer, definir y garantizar derechos. Es más: si el gobierno defiende intereses, entonces viola derechos, y vuelvo al ejemplo del proteccionismo. Uno: si el gobierno limita la competencia en algún mercado, prohibiendo la participación de otros productores nacionales, viola la libertad para emprender de estos productores potenciales. Dos: si el gobierno limita la competencia en algún mercado, prohibiendo la importación de mercancías, viola la libertad para consumir de los consumidores. En ambos casos viola derechos, con el fin de defender los intereses pecuniarios de los productores, a quienes las medidas proteccionistas mantienen al margen de la competencia, pudiendo cobrar un precio mayor del que cobrarían si en su mercado se diera la mayor competencia posible.

Para terminar, insisto en la pregunta, dirigida a Gerardo Ruiz Mateos, secretario de (anti)economía: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que, al aplicar medidas proteccionistas, como son los aranceles, discrimina entre sus gobernados?