En lo últimos días han aparecido nuevas evidencias de que México se ha quedado atrás en la carrera por la generación de riqueza, o como se suele ver hoy, en la carrera por la competitividad. Hay quien lo atribuye a los problemas derivados de la regulación, otros a los problemas de precios administrados, otros a la carencia de reformas estructurales, tanto pesan estos factores como lastre para el crecimiento que se deja de lado un acontecimiento histórico como es la inflación anualizada más baja desde que en México se mide este indicador, lo que es realmente un paso histórico hacia la estabilidad de precios.

Y esto último es doblemente relevante para el caso que nos atañe, no podemos culpar a un congreso denigrado por sus integrantes, a un sistema de partidos depredado por sus dirigencias, a un ejecutivo tibio y muchas veces incapaz de que las reformas no se consigan. Habría que agregar a un sector privado que no impulsa nada más que el mantener sus privilegios teniendo relaciones en la línea de lo ético con los políticos; pero en todo este panorama desolador de la realidad nacional nubla la visión de lo que realmente está mal y es que parece que nuestra Constitución se está revelando cada día más como la causa de los problemas.

Y si bien se ha convertido en factotum y piedra de toque para no realizar los cambios necesarios, pues más para la causa, es el momento de cambiarla. Lo primero sería reflexionar si podemos vivir con ella y el marco jurídico que genera, pues la respuesta depende de los costos, ya que en la realidad nuestra carta magna es incumplible, demasiado limitativa y muy onerosa. Pero es imposible de cambiarse por razones de real politik. Pero existe un artículo, el 28, que hace del gobierno una pesada carga incluso para su propio funcionamiento, con una sólo cosa buena que es la autonomía del Banco de México.

Es que gracias al 28 constitucional el Estado, indefinido por la misma Constitución, se apropia de cosas tan relevantes para la vida económica de la nación como la energía o el petróleo, y es de ahí de donde cargamos con sendos monopolios como la Compañía de Luz y Fuerza y CFE que cuestan a los mexicanos por partida triple: unas tarifas altas (no competitivas), una estructura de operación ineficiente (sindicatos caros y pérdidas económicas) y una ecología institucional pavorosa (altos costos administrativos, burocracia y subsidios al consumidor inentendibles). Esto nos cuesta a todos pues se trata de que un asunto tan básico para la economía nacional como el suministro de energía eléctrica que no sólo no esta garantizado sino que está en permanente riesgo, sea caro y sumamente regulado.

Para solucionarlo se han intentado muchas reformas que no han prosperado y que todas carecen de lógica al intentar darle la vuelta a la propiedad y el monopolio estatal, en lugar de atender el problema fundamental que es precisamente esta propiedad y monopolio, consagrados en el 28 constitucional.

Lo mismo aplica para PEMEX, para la Comisión de Competencia y para una serie muy larga de trabas y problemas que hoy hacen de México un país que ha perdido no sólo el impulso reformista sino la brújula de para dónde avanzar, pues nadie se atreve a dar el primer paso, ni los políticos, ni los empresarios ni la alta burocracia. Y lo más trágico es que todos saben que el problema es del 28 constitucional, ya no hay necesidad de hacer diagnósticos, lo que falta es hacer política nacional y no de partidos, lo que falta es poner al país por delante de los usos y costumbres que se han convertido en nuestro estilo de gobernar.