La Suprema Corte Justicia de la Nación declaró ilegal la expropiación que, en el 2001, llevó a cabo el Poder Ejecutivo Federal de 27 ingenios azucareros, y la declaró tal, uno, por considerar que el gobierno de Fox violó la garantía de audiencia previa, consistente en el derecho que la persona a ser expropiada tiene de ser escuchada por la autoridad antes de que el gobierno expropie sus bienes y, dos, porque el gobierno no demostró la insolvencia financiera de los ingenios, o el posible desabasto de azúcar en el mercado, o, dicho de otra manera, la causa de utilidad pública para expropiar. Así las cosas, el gobierno debe regresar cuatro ingenios a Grupo Machado.

Hay que recordar que el gobierno foxista expropió los ingenios por considerar que los mismos enfrentaban serios problemas, comenzando por los financieros, y que existía la posibilidad de desbasto de azúcar en los mercados, y que los expropió con la intención de sanearlos y venderlos a la iniciativa privada. El plan original era, previo saneamiento de los mismos, privatizar diez ingenios durante 2004, otros diez a lo largo del 2005, y los siete restantes en el 2006. Hasta el momento, ¡y ya estamos en el 2006!, solamente se ha privatizado un ingenio, doce están en proceso de serlo, y el resto, catorce ingenios, han sido devuelto a sus dueños, una vez que la Suprema Corte Justicia de la Nación declaró ilegal su expropiación.

Independientemente de las causas por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ilegal la expropiación de los ingenios, hay que recordar lo que señala el segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Independientemente de las respuestas a las preguntas ¿qué es la utilidad pública?, ¿quién la define? y ¿cómo se mide?, me queda claro que los problemas por los que pueda atravesar una empresa (de producción, financieros, comerciales, etc.), ¡independientemente de la mercancía que ofrezca!, no son motivo para, por causa de utilidad pública, expropiarlos, ¡independientemente de cuál sea el origen de esos problemas! ¿Puede ser considerada causa de utilidad pública el salvamento (suponiendo que realmente se salven) de empresas en problemas? ¿Se justifica que el gobierno use dinero de los contribuyentes para expropiar y sanear empresas mercantiles, aún suponiendo que al privatizarlas recupere, multiplicado, ese dinero? Dicho de la manera más clara posible: ¿es tarea del gobierno rescatar empresas? Ese rescate, ¿forma parte de las legítimas tareas del gobierno?

Para terminar quiero resaltar la tarea llevada a cabo, en este caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tarea a favor del derecho de propiedad sobre los medios de producción, derecho que, tal y como está redactado hoy el segundo párrafo del 27 constitucional, con la falta de una definición puntual de lo que es utilidad pública, no está jurídicamente garantizado. Vale la pena, en el marco de esta reflexión, resaltar especialmente la garantía de audiencia previa, que obliga a la autoridad a escuchar los argumentos de aquel sobre el que pende la amenaza de expropiación, dándole la oportunidad de defenderse ante uno de los poderes gubernamentales, el de expropiar, que, en manos poco escrupulosas, da pie al robo con todas las de la ley, tal y como fue el caso, a mi entender, de la expropiación de los ingenios.