Un buen amigo nos compartía su impresión sobre la llamada segunda generación de reformas, así como el comentario actual de ver el cambio estructural en los renglones de la política fiscal, energía eléctrica, y mercados laborales, como las únicas medidas para que el país pueda enfrentar los desafíos del alto crecimiento.

Nuestro colega se atrevió a planear, en vez, un concepto similar a la última ola de reformas—la interrogante incomoda, políticamente incorrecta, de si debemos enfocar los esfuerzos de transformación ha un cambio radical en los conceptos rectores que rigen el capitulo económico constitucional. Con cambios a este nivel, cambios radicales, no habría necesidad de seguir impulsando una tercera o cuarta ola de reformas—reformas que se requieran, en su caso, para corregir los defectos de las reformas anteriores, derivados, en gran parte, de nuestras fallas inconstitucionales.

Quizá el ejercicio es meramente académico, en virtud de la imposibilidad de lograr un consenso mínimo al respecto. Aun así, el ejercicio vale la pena. Nuestra carta magna ha sufrido varios e importantes cambios en su historia. Es un documento inestable. Empero, hoy en día, el mero supuesto que amerita revisiones fundamentales es visto como traición a la patria, como un atentado a nuestra soberanía.

El artículo 25 constitucional afirma, entre otras cosas, que el Estado debe planear, orientar, y conducir la actividad económica nacional. Pero el mandato es tan general, tan ambiguo, que admite una posición tan pasiva como activa. La suposición que el Estado en sí puede planear y conducir todas las actividades que conforman el quehacer económico es tanto irreal como inservible. Esta clausula solo genera incertidumbre, y al mismo tiempo que podría ser un cheque en blanco para un futuro caudillo que se tome en serio el heroico esfuerzo de ejecutar la planeación y conducción de la actividad económica de la nación.

De igual forma, el artículo 26 estipula la necesidad de realizar un plan nacional de desarrollo—ejercicios quinquenales que no tienen vigencia en el mundo actual, que no son útiles para propósitos de generar un clima de inversión atractivo. Los artículos 27 y 28, a su vez, representan un gran obstáculo a la definición precisa de los derechos de propiedad, al reconocer que la propiedad de las tierras y de las aguas nacionales es de La Nación, y al dar al Estado el poder discrecional de definir las “modalidades” de propiedad que de estas emanan. Otro cheque en blanco.

Las restricciones sobre inversión y operación privada en energía, al mismo tiempo que, por mero decreto, por voluntarismo jurídico, las empresas paraestatales no califican como monopolios, han significado importantes retrasos en la generación de oportunidades de inversión, y por ende, de empleo y crecimiento. La cláusula que otorga poder a nuestros legisladores de decidir cuáles ramas y actividades califican como estratégicas y prioritarias es un cheque en blanco más—con consecuencias potencialmente catastróficas para toda la economía, en la medida que un grupo de políticos puede, arbitrariamente, decidir cual o no sector será expropiada bajo el argumento de que es “estratégica.”

En fin, el asunto capital es, si vamos a plantear las llamadas reformas de segunda generación, ¿por qué no de una vez la última ola de reformas, que ponga fin a la gama de incertidumbres que se generan por motivo del inoperante y confuso capitulo económico de la Constitución?