El amparo es el único proceso legal que nos defiende a los mexicanos de los abusos de la autoridad. Es una figura con muchos defectos, sin duda, pero aceptar que se le debilite, o que se le elimine, aun cuando sólo sea en materia fiscal, es dar a la autoridad un poder demasiado grande.

La Cámara de Diputados aprobó este mes de abril una iniciativa de enmienda del artículo 107 de la Constitución elaborada por el gobierno del presidente Calderón, pero presentada formalmente por los líderes de las tres principales bancadas. En caso de ser aprobada haría que desapareciera en términos prácticos el derecho de amparo en materia fiscal. El Senado, afortunadamente, ha detenido la iniciativa y la ha congelado hasta el próximo período de sesiones.

La iniciativa aprobada por los diputados tiene un aspecto positivo, aunque insuficiente, pero enormes retrocesos para los mexicanos. La parte positiva sería la aplicación general de las sentencias de amparo en materia fiscal. Actualmente, cualquier fallo de amparo se aplica solamente de manera individual, es decir, beneficia únicamente a la persona que promueve y gana un juicio. Lo lógico sería que todos los gobernados en las mismas condiciones pudieran acogerse a estos fallos. La aplicación general de las sentencias de amparo es una vieja demanda de la sociedad. Hay que aplaudir que se introduzca en los juicios fiscales, pero exigir que se extienda a todos los demás amparos.

Del lado negativo, la ley eliminaría el derecho a las suspensiones provisionales o definitivas que son en este momento una de las partes más importantes del derecho de amparo. La autoridad podría establecer impuestos inconstitucionales y obligar al contribuyente a pagarlos mientras durara un juicio de amparo. De hecho, Hacienda podría quebrar al contribuyente en este período sin que un juez pudiese ordenar la suspensión del acto.

Ganarle un juicio al gobierno siempre es difícil. Pero en materia fiscal la iniciativa le daría una mayor ventaja todavía a la autoridad. Para vencerla en un juicio habría que obtener una mayoría calificada de ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte. Así, las posibilidades de echar para atrás un impuesto inconstitucional se reducirían de manera muy significativa.

Pero, aun cuando un contribuyente lograra la hombrada y ganara el pleito, el dinero ya pagado se lo quedaría Hacienda. La autoridad tendría así un incentivo para establecer impuestos inconstitucionales a sabiendas de que el dinero recaudado ilegítimamente se lo quedaría de cualquier manera.

Más que debilitar el derecho de amparo, tanto los legisladores como Hacienda deberían ajustarse a los criterios que marca la Constitución para los impuestos. Después de todo, ¿qué hay de malo en respetar los principios de aplicación general, proporcionalidad y no confiscación que nuestra carta magna establece para los impuestos?