Con el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena al Ejecutivo mexicano devolver buena parte de los ingenios azucareros expropiados en el año 2001, se da un paso histórico adelante en materia de limitaciones al Estado.

La SCJN emitió un nuevo criterio en el sentido de que ninguna autoridad gubernamental podrá expropiar una propiedad si antes no dialoga y trata el tema, en una audiencia previa, con el dueño del bien que le interesa. Asimismo, será indispensable demostrar jurídicamente las causas de utilidad pública por las que se establecen las expropiaciones. Con estas medidas se da un paso importante en materia de protección de derechos de propiedad para que los gobiernos, de todos los niveles (y diríamos nosotros, de todos los colores), no puedan usar las medidas expropiatorias indiscriminadamente y sin justificación técnica alguna.

En el pasado, los gobiernos han usado a las expropiaciones como instrumento político, violando flagrantemente los más elementales derechos de propiedad. Es increíble, pero esto lo han hecho los políticos de los tres principales partidos que gobiernan la República Mexicana (PRI, PAN y PRD). Recordemos Algunos casos recientes.

Uno de los más sonados fue en la crisis financiera de 1982, provocada por la irresponsabilidad fiscal del entonces presidente José López Portillo. En ese momento, y como parte del lavado de culpas de JLP, se decidió que los banqueros eran los malos de la película; así que se procedió a la expropiación arbitraria de los bancos. El origen del FOBAPROA tiene sus antecedentes en buena medida en la nacionalización bancaria de ese tiempo.

Terminando el primer año de gobierno del Presidente Fox, se decide expropiar a 27 de los 60 ingenios azucareros con el fin de sanearlos financieramente. Los ingenios estaban altamente endeudados con el gobierno, por lo que al presidente Fox, asesorado por el entonces Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbéz, decidió que lo más sencillo era la expropiación. Craso error. Ciertamente, la situación de quiebra técnica de los ingenios azucareros provenía de errores de intervenciones gubernamentales de administraciones priístas, pero definitivamente había otros mecanismos de política pública y no el mero rescate financiero, con el dinero de los contribuyentes, que se dio a los ingenios vía la expropiación. Por fortuna, dada esta pifia legal, el gobierno del Presidente Fox también ha demostrado un respeto absoluto a las instituciones, así que ha decidido firmemente obedecer a la Corte. Claro, ojalá nos devuelvan a los contribuyentes el dinero usado para sanear a los ingenios.

En el Distrito Federal, también recientemente la SCJN emitió una resolución que ordena al gobierno del DF a devolver unos terrenos privados que pretendía adjudicarle a la empresa refresquera Pascual. La SCJN exhibió los excesos cometidos por el anterior Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al querer quitarle unos bienes a un particular, para hacer “justicia” a los trabajadores de Pascual. La realidad es que se trataba de quitarle un bien a un agente privado para dárselo a otro (aunque Pascual sea una cooperativa, al final es una cooperativa privada). En este caso, el sucesor de AMLO, Alejandro Encinas, lejos de mostrar respeto a la decisión de la Corte, manifestó toda clase de “pataletas”, siempre señalando que lo que la Corte había hecho era una decisión injusta (¿injusta para el legítimo dueño de los terrenos expropiados?) y que si era necesario usarán los recursos del gobierno para liquidarle las propiedades a dicho particular. O sea, violar nuevamente los derechos de propiedad de los ingresos del contribuyente, para usarlos en el pago a las propiedades de un particular. Mas irrespeto a los derechos de propiedad no se puede.

Hoy nos preguntamos qué hubiera pasado si la Corte realmente hubiera funcionado como un contrapeso real a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la época de la docena trágica (las que encabezaron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo). ¿Cuántas injusticias, en el nombre de la “utilidad pública” se habrían evitado? ¿Cuánto saqueo del Erario se habría también evitado? ¿Habrían sido las crisis financieras de esos años de la magnitud que fueron? En fin, esto es para reflexionar.

Lo cierto es que México ha comenzado a dar los primeros pasos en materia de “blindaje” institucional, que es más importante que cualquier blindaje financiero, pues en el largo plazo es la sólida protección de los derechos de propiedad de los particulares lo que determina el progreso económico. La caída del socialismo se debió en buena medida a la ausencia de propiedad privada, lo que irremediablemente condujo a la falta de libertad. En este sentido, para que un país avance a la modernidad, es necesario contar con instituciones sólidas que garanticen el respeto a la propiedad privada, haciendo prevalecer a su vez con ello,  la plena libertad de todos en un contexto de respeto al derecho de los demás.

Recordemos al ilustre peruano Hernando de Soto sobre las causas del subdesarrollo económico. El economista ha investigado “el misterio del capital” y por qué el 80% de la población mundial queda fuera de la prosperidad del capitalismo; la respuesta no está en que falten empresarios, mercados, trabajo, talento, entusiasmo, espíritu empresarial, activos, ahorros, sino, que la falta de desarrollo capitalista, se encuentra en la “posesión defectuosa” de los bienes materiales; es decir, que los pobres tienen su casa, un inmueble, o los pequeños empresarios informales, o millones de personas que diariamente hacen negocios y poseen activos, propiedades, pero “carecen de títulos de propiedad”. La tesis del peruano es que sin derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital; no sirven como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión, son capitales muertos, que no sirven para generar producción. En los países subdesarrollados buena parte de los activos materiales no tienen “un documento de propiedad” que los avale, como en el capitalismo desarrollado. Se requiere de instituciones, leyes y su observancia para que la riqueza potencial de millones de personas se reconozca y proteja. La propiedad formal, al estilo occidental, convertiría los bienes inmuebles ilegales en formación de capital, en producción y, finalmente, en crecimiento.

Esta es la lección de Hernando de Soto. En México, sin lugar a dudas, fueron los gobiernos populistas los que dieron al traste con los derechos de propiedad. Eso nos costó fugas de capital, crisis financieras y la pobreza en que hoy viven millones de mexicanos.

De los actuales candidatos a la presidencia, hay que ver quién está de parte de la protección de los derechos de propiedad y el respeto irrestricto de las leyes e instituciones. Descarte de inmediato, amigo lector, a aquellos políticos que le hablen de “justicia social” a cualquier precio, de justicia colectiva, pasando por alto a instituciones y a los más elementales derechos de propiedad de los particulares. Descarte todo discurso que pretenda “cambiar el modelo económico”, para darle prioridad a los pobres. Eso no es más que demagogia pura, y sólo significa la destrucción institucional de lo que hemos hasta ahora logrado. Candidatos con este discurso sólo representan la nostalgia por las políticas socialistas que hundieron a México y que aplastaron los más elementales derechos de propiedad de los mexicanos, sofocando con ello también a las libertades más esenciales. Ya nos saquearon, ¡ya no nos volverán a saquear!